Estiman pérdidas económicas por más de $40.000 millones

BUENOS AIRES.- Si la Gripe A se sale de control y obliga a paralizar el comercio y los servicios durante todo julio, y a esto se suma un ausentismo laboral superior al 30% en la industria, las pérdidas podrían alcanzar los $ 40.000 millones, el 13% del Producto Bruto Interno (PBI), según estimaciones preliminares de distintos especialistas.
El impacto mayor se produciría sobre la actividad fabril, lo cual explica que la Unión Industrial Argentina haya advertido sobre las consecuencias de la nueva influenza A H1N1 sobre el sector. Pero también tendría efectos devastadores sobre el comercio, uno de los puntales del desarrollo económico argentino, y los servicios, en especial el turismo.
El ausentismo en algunas empresas ya roza el 30%, y a eso hay que sumar la obligación de licenciar por al menos 15 días a embarazadas, pacientes oncológicos y todas aquellas personas de mayor riesgo, como quienes padecen enfermedades que reducen su capacidad inmunológica, es decir, tienen menos defensas.
El especialista Roberto Dvoskin, de la Universidad de San Andrés), señaló que julio, el mes que quedaría más comprometido por el impacto de la Gripe A, representa un 13% del PBI de la Argentina.
En el séptimo mes del año, la industria, el comercio y los servicios están produciendo casi $ 160.000 millones. Si, como se especula, la crisis llevaría a producir un 25% menos, las pérdidas económicas rondarían entre los $ 40.000 y los $ 48.000 millones.
Una parte de esas pérdidas se empezarían a recuperar en agosto, cuando se supone la crisis sanitaria comenzará a mermar, pero sólo se podría reponer una parte y el Producto Bruto de este 2009 quedará seriamente comprometido, en parte por la crisis internacional.
Las autoridades de la Federación Económica de Tucuman (FET) afirmaron que la situación podría derivar en un desplome de los niveles de actividad en las empresas. Por lo tanto, reclamará que el Gobierno provincial contemple la posibilidad de reducir la presión impositiva al sector privado, para poder paliar la crisis económica que se avecina.
"Le hemos presentado al Gobierno un plan anticrisis que tiene plena vigencia", adelantó a LA GACETA el presidente de la FET, Raúl Robín. El dirigente empresario afirmó que es el Estado provincial el que debe determinar si es necesario que los comercios cierren sus puertas como forma de prevenir la expansión de la enfermedad. "No es una decisión que debamos tomar nosotros; le compete al Estado", recalcó.
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