Las autoridades de la Justicia Electoral Nacional apelaron a las llamas para depurar los padrones y tratar de conjurar las chances de que el próximo domingo voten ciudadanos que ya han fallecido. Sin embargo, advirtieron en diálogo con LA GACETA que siempre hay posibilidad de irregularidades.
Más de 5.000 documentos nacionales de identidad pertenecientes a personas fallecidas entre 2007 y principios de este año, fueron incinerados en la sede del Liceo Militar General Gregorio Aráoz de La Madrid.
La medida se inscribe en el plan de destrucción de documentación que puede ser usada incorrectamente en los comicios del domingo, pero no impide que haya nombres de ciudadanos muertos en el padrón electoral. Esto se debe a que el registro de votantes fue actualizado al 30 de diciembre pasado y sólo se corrigieron las novedades relevadas hasta ese día.
"Siempre van a figurar fallecidos, porque no se puede dar de baja a lo que perecieron en los últimos seis meses: no hay actualizaciones en ese lapso. Es cierto que también pueden figurar en el padrón personas cuyo deceso se haya producido hace muchos años, pero sólo ocurre en los casos en que el Registro Nacional de las Personas no nos notificó de esa situación", explicó el secretario electoral nacional, Rogelio Rodríguez del Busto.
El funcionario recordó que hace dos meses se habilitó un plazo para el control del padrón provisorio, en el cual los parientes del fallecido deberían haber chequeado los datos y avisado sobre el hecho concreto. A partir de allí, podrían haber suprimido el nombre asentado incorrectamente, lo cual ahora es imposible.
La Justicia Electoral implementó también un procedimiento especial para dar de baja como electores a los ancianos de más de 100 años cuando no se hubiese comprobado su sobrevida.