Prohibido difundir malas noticias

Son tiempos difíciles en los que exteriorizar una mala noticia puede costarle al Gobierno una elección crucial. En los círculos cercanos al oficialismo cuentan que Néstor Kirchner trata, por todos los medios, de preservar el estado de ánimo de su esposa, la presidenta Cristina Fernández. Y que hasta filtra la información que los ministros deben llevarle a la jefa de Estado. El kirchnerista, es un mundo de sensaciones que, en muchos casos, transita en forma paralela a la realidad.
Cuando esa realidad se vuelve crítica, aparecen los conflictos. En Buenos Aires dicen insistentemente que Carlos Fernández, un técnico que supo contener las demandas presupuestarias de todas las áreas del Ejecutivo, tiene contados los días como ministro de Economía. Sencillamente por haber comentado que la situación fiscal no está tan bien como se trata de presentarla en sociedad. El déficit de caja está a la vuelta de la esquina y, tal vez, la frialdad de la descripción ministerial de los hechos haya llevado al matrimonio presidencial a que le baje el pulgar. Si hay humo blanco (cambios), no será antes del domingo 28. Por las dudas, empezó a sonar el nombre de Amado Boudou, el hombre fuerte de la Anses, para conducir el Palacio de Hacienda. Ni lerdo, ni perezoso, el gobernador José Alperovich afianza el vínculo con el funcionario kirchnerista de moda. No obstante, no pierde contactos con Martín Redrado, el candidato natural, cuyo nombre surge cada vez que hay rumores de cambio en Economía.
En el Ejecutivo son más los comentarios que admiten el cambio de Fernández que la posibilidad de adelantar las elecciones en caso de una derrota kirchnerista. "No hay nada de eso", señala un hombre cercano al gobernador.
A 11 días de los comicios, Alperovich aceita la maquinaria electoral. Esta semana se reunirá con comisionados rurales, intendentes y legisladores para "revisar" qué distritos necesitan más del empuje gubernamental para que el 28 no haya sorpresas. Dicen en el edificio de 25 de Mayo y San Martín que el mandatario recibió ayer un adelanto del sondeo que hizo el analista Hugo Haime. Según los trascendidos, no habría variado el 65% de intención de votos hacia la lista oficialista que encabezan Beatriz Rojkés de Alperovich (postulante a senadora) y Osvaldo Jaldo (diputado).
En cambio, el Gobierno sigue atento esa suerte de "empate técnico" entre el republicano Ricardo Bussi y el peronista de Unión PRO Federal, Fernando Juri. Cada uno tendría un 9% de intención de votos, con predominio bussista en la capital y con más acompañamiento hacia Juri en el electorado del interior. Ese es el escenario querido por el Ejecutivo, el de la disgregación del voto, que no pone en peligro el reinado alperovichista.

Una peligrosa espiral
El cuadro político y financiero nacional, por ahora, no se replicará en Tucumán. Alperovich no vislumbra cambios en el gabinete. Con hermetismo guarda el nombre del sucesor de Jaldo en el Ministerio del Interior.
Tampoco las finanzas le han generado al gobernador dolores de cabeza. Ni siquiera el hecho de que el Gobierno nacional haya girado unos $ 100 millones menos de lo presupuestado por transferencias de fondos coparticipables.
Las cuentas del período enero a abril pasado han ingresado en una peligrosa espiral. Los gastos corrientes (salarios y para el funcionamiento del aparato estatal) han crecido un 21,2% respecto de igual período de 2008. El ritmo de los ingresos corrientes (lo que recauda Rentas y lo que se recibe por coparticipación),  sin embargo, fue menor en el mismo período: un 15,4%. En cualquier economía, gastar más de lo que ingresa suele generar déficit. Aún así, el primer cuatrimestre del año cerró con un superávit financiero estimado en $ 53,8 millones. Es el resultado de lo que los técnicos del área económica llaman ingeniería financiera, con plata prestada por la Nación, a cambio de favores políticos electorales y no por un sano espíritu federal. De otra manera, ni Córdoba ni Santa Fe le estarían reclamando al Estado nacional, vía Corte Suprema de Justicia, que le asignen los fondos prometidos a través del Plan de Asistencia Financiera (PAF). Un cachetazo al federalismo fiscal.
El Gobierno provincial necesita recaudar. Los funcionarios saben que si el barco electoral K se hunde dentro de 11 días, vendrán tiempos difíciles y todos los gobernadores -propios y extraños- navegarán en aguas tumultuosas.
Los contribuyentes sienten que el Estado los está exprimiendo más de la cuenta. Por eso, los expertos y los dirigentes sociales afirman que no se aguanta más la presión fiscal que ejerce Rentas. Sin embargo, en el Ejecutivo dicen que no habrá ni subas ni reducciones de impuestos. Y que sólo se ejerce un mayor control.
En tiempos de crisis, los números mandan. Frente a la suba del gasto  es posible que el segundo semestre sea muy  austero y que, por lo tanto, el efecto retardado de la crisis se evidencie con más fuerza en la obra pública y en el consumo. Un escenario temido.