En el Senado de la Nación se debate desde 2004 la baja en la edad de imputabilidad de los menores. A los foros que se hicieron asistieron funcionarios y especialistas de todo el país. La mayoría de ellos se oponía a la propuesta por considerar que colapsaría el sistema de internación de los menores que resultaran penados. Hoy, el eje del debate es otro, pero las consecuencias serán las mismas: el país que no está listo para albergar a los chicos que resulten juzgados como mayores.
Los menores que cometen delitos deben asumir su responsabilidad por lo que hicieron. Pero luego de cumplir con su pena deben volver a la sociedad con habilidades laborales y un proyecto de vida.
En el borrador del pre dictamen del Régimen Penal Juvenil elaborado en nuestra Cámara se contemplan dentro de sus 70 artículos instrumentos que son operativos en lo inmediato y que pueden ayudar a paliar en el mediano plazo la actual situación. Según este proyecto, el juez podrá aplicar las siguientes sanciones: 1) Advertencia con apercibimiento; 2) Disculparse personalmente ante la víctima; 3) Reparar el daño causado; 4) Prestación de servicios a la comunidad; 5) Prohibición; 6) Inhabilitación; 7) Privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; 8) Privación de libertad en domicilio; 9) Privación de libertad en centro especializado.
El problema de la inseguridad que nos ha encerrado tras las rejas a los argentinos sin distingos de clase social, es más profundo que la discusión que pretende instalar el Gobierno nacional.No hay que olvidarse de la cuestión social, que implica modificar varios años de exclusión e inactividad estatal, lo que requiere planeamiento y visión de mediano y largo plazo.
