El que impone carece del arte de acordar

Las conversaciones entre los abogados (de la capital y del sur) y Francisco Sassi Colombres, representante del vicegobernador, Juan Manzur, transcurren exactamente por el mismo callejón sin salida en el que comenzaron. Y hasta es lógico que así sea teniendo en cuenta la conflictiva historia de desconfianzas mutuas con la que las partes se sentaron teóricamente a dialogar. Dado el alto prestigio que el consenso, en tanto aspiración institucional, tiene en una república, no podían no intentarlo, pero siempre lo hicieron con pocas expectativas -y menos sinceridad aún-, en particular desde el lado del oficialismo, que domina muy bien la técnica de la imposición, mas no el arte del sano acuerdo.
Sassi Colombres se cansó de repetir que concurría con la agenda abierta para discutir sobre cualquier tema y, más importante aún, sin condicionamientos. Pero, previamente, el gobernador José Alperovich se encargó de aclarar -en tono desafiante- que le daba lo mismo cómo se resolvía el problema de la cobertura de las vacantes en la Justicia -léase con o sin la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM)-, siempre que a él le aseguraran la posibilidad jurídica de presentarse para su re-contra-reelección en 2011. En otras palabras, como si se tratara de una mera transacción de cosas fungibles, sin valor, el mensaje del mandatario a los letrados era (es): "muchachos, ustedes se aseguran de que en la Cámara en lo Contencioso Administrativo no prospere el planteo que hay contra la cláusula transitoria de la Constitución de 2006 según la cual hay que computar como primer mandato el que comencé en 2007 (y no el de 2003), y les doy lo que quieran".
Como consecuencia, pronto quedó harto claro que, más allá de las declamaciones, Sassi Colombres sí tenía una orden que cumplir desde el comienzo: restringir el debate a la sanción de una ley que sólo permitiera la selección y designación de jueces provisorios.
El argumento (sofisma más bien) es que, tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, sólo se puede definir por vía constitucional la composición del CAM. Pero si la Carta Magna de 2006 le delegaba al Poder Ejecutivo nada menos que la potestad de organizar el CAM (entiéndase por un simple decreto o acto administrativo), ¿qué impide, entonces, que se lo haga mediante una ley, expresión jurídica de la voluntad popular? Nada, salvo la necesidad de contar con una ingeniosa excusa para retocar otra vez -cual si se tratara de una simple y flexible ley ordinaria- la Constitución, y así evadirse de los jueces que hipotéticamente estuvieran dispuestos a controlar la cláusula re-reeleccionista, de manera de replicar aquí la pulsión chavista de aferrarse al poder hasta 2015 o hasta quién sabe cuándo.
Hay otra paradoja. El Gobierno, en su momento, facilitó el retiro masivo de jueces ofreciéndoles créditos blandos para que saldaran deudas por aportes previsionales, de manera que pudieran jubilarse con el 82% móvil. Lo hizo a sabiendas de que estaba judicializado todo lo relacionado a quién debía organizar el CAM; es decir, actuó con pleno discernimiento (premeditación institucional) de que se estaba desmantelando al Poder Judicial o, al menos, sentando las bases para su implosión.
Luego, insistió con una ley (la 8.136) por la que se permitía a sí mismo designar discrecionalmente (léase a dedo) jueces provisorios en esas vacantes que él había contribuido a generar. Curiosamente, después de haber conseguido todo lo que se había propuesto, ahora usufructúa el argumento de la emergencia para arrinconar a los abogados y forzarlos a que, con la justificación del apuro, se avengan a legitimar cualquier precario esquema para-constitucional que permita el nombramiento de subrogantes. Y tienta a la Corte para que salga a sugerir -por cualquier vía- que eso hace falta.

Sin salida
Los abogados continúan atrapados en una incómoda posición. Pareciera que todas las opciones que tienen los dejan mal parados. Si se retiran, los responsabilizarán de que hicieron fracasar el diálogo. Hasta se podría anticipar lo que diría Alperovich. Igualmente, si permanecen en la mesa, no saben bien cuál es su función. El gobernador dice que no los entiende. Pero ha quedado claro que piden que se ejecute la sentencia (confirmada por la Corte) y que, por ende, inmediatamente se integre -de forma equilibrada- el CAM. Sólo así este órgano, previa celebración de concursos de oposición y antecedentes, como manda la Constitución, podrá seleccionar los aspirantes a ocupar los cargos en propiedad y de forma definitiva. Nada impide que el CAM también pueda ser facultado por ley para, eventualmente, ocuparse de las subrogancias en aquellos fueros en los que la urgencia así lo exigiera.
Si los abogados no están negociando, porque no tienen poder de decisión, ¿qué están haciendo en la mesa? En la dificultad de responder a esta pregunta rápidamente radica la fortaleza de ellos. No es posible ninguna salida que los soslaye, porque, con la amplísima legitimación que les ha reconocida la Corte Suprema en la salvaguarda de todo lo atinente a la independencia del Poder Judicial, siempre podrán cuestionar cualquier ley o acto que atente contra de esa garantía esencial. El Gobierno lo sabe y, amén de haberlos padecido en las causas promovidas contra la reforma y contra la Ley 8.136 (designación a dedo de jueces provisorios), puede sufrirlos en el futuro. Es la única Cancha Rayada que, hasta ahora, no ha podido revertir Alperovich.