MADRID.- En un hecho sin precedente en la historia de España, los jueces de casi todas las regiones del país realizaron ayer una huelga de un día en reclamo de más recursos para las cortes, donde dicen enfrentar un intolerable volumen de trabajo con tecnología obsoleta. El paro, considerado ilegal por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue convocado por dos de las cuatro asociaciones de magistrados del país.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció que llevará al Consejo de Ministros una ley para regular “el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos, dado que un poder del Estado no puede ir a la huelga”. El gobierno socialista y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) argumentan que el reclamo perjudica a los ciudadanos y daña la ya deteriorada imagen de la Justicia española.
Según los convocantes, el 63% de los magistrados acató la medida, mientras que el CGPJ anunció que sólo lo hizo un 35% sobre el total de 3.500. A pesar del paro, los jueces garantizaron el servicio mínimo de cuestiones esenciales, como arrestos y matrimonios.
Petitorio
Incrementar en 1.200 el número de los magistrados en cinco años, repartir la carga de trabajo de forma más razonable, eliminar el traslado forzoso en casos de ascenso, modernizar el sistema informático y seguir teniendo la competencia para fijar las fechas de los juicios son algunas de las reivindicaciones de los jueces. Además, piden un aumento de las retribuciones por las jornadas de guardia, pero en las negociaciones con el Ministerio frenaron la protesta salarial y se enfocaron en el mejor funcionamiento de la Justicia. Por su parte, el gobierno manifestó que los reclamos son asumibles y prometió una fuerte inversión para modernizar los sistemas informáticos y crear 150 juzgados al año. Sin embargo, los convocantes consideran que esta oferta resulta insuficiente, si se tiene en cuenta que a comienzos de 2009 todavía están pendientes casi dos millones de casos de 2008.
Con la huelga, los magistrados quisieron protestar también contra las injerencias del gobierno en la Justicia. (DPA)
