Pasan los días y persiste, en la memoria pública, la impresión causada por el terrible accidente de tránsito que se produjo el martes a la mañana, en la intersección de Moreno y avenida Aconquija. Como se sabe, una médica que se dirigía al Hospital de Niños resultó muerta cuando, al salir a la avenida, impactó sobre el costado de su auto, otro que venía a alta velocidad, tripulado por dos adolescentes.
Hemos dado amplia información sobre el asunto. Los menores se negaron a someterse al control de alcoholemia, pero llevaban una botella de licor. El jefe de emergencias del Siprosa destacó que las características de la colisión parecían indicar que el conductor no frenó, como si careciera de capacidad de reacción, generándose así un impacto que, a la velocidad que llevaba y sobre el costado del otro vehículo, no podía tener sino consecuencias catastróficas.
El asunto plantea, entre otros temas muy significativos, el de porqué la sociedad permite, en última instancia, que ocurra este tipo de episodios. Es decir, asombra el grado de ligereza y la falta de compromiso con la vida humana que están vigentes entre nosotros, y que se expresan de varias maneras.
La primera reside en la liviandad con que se otorgan los registros habilitantes. Manejar entraña una enorme responsabilidad. Pone, a quien lo hace, al comando de algo potencialmente muy peligroso, como lo es un vehículo automotor. Para quedar autorizado a conducir, distan de existir aquí los requisitos de alto rigor que son obligatorios en otras latitudes. Sabemos que en Estados Unidos o Europa, los registros sólo se expiden después de un exhaustiva verificación de las aptitudes del candidato; ello además de que se suspende o se cancela definitivamente como sanción normal, en caso de incumplimiento de las normas de tránsito.
Porque no puede darse a cualquiera autorización para manejar, ya que en muchos casos esa autorización pone en peligro cierto la vida del conductor y las de terceros. No debe olvidarse que la seguridad adecuadamente entendida, exige que absolutamente todos los que guían un vehículo por la vía pública, y no solamente algunos, posean la debida idoneidad para hacerlo sin riesgo.
Sabemos que, entre nosotros, todavía hay municipios no adheridos a la Ley Nacional de Tránsito, y que expiden registros con mínimas exigencias, como una boca más de recaudación. Tenemos, además, un Consejo de Seguridad Vial que no se reúne nunca. En suma, se nota la carencia de una verdadera política de Estado en materia de tanta importancia. O sea, la reunión de todos los municipios para el compromiso conjunto, materializado en la adopción de una normativa que les sea común y no tenga excepciones.
Además del tema de los registros, hay múltiples otras muestras de la frivolidad vigente, que viene a facilitar notoriamente los percances. Aquellas ocupan un amplio arco, que va desde la sistemática violación de las normas de tránsito hasta la ausencia de controles municipales y policiales verdaderamente rigurosos y confiables a ese respecto, en los lugares y horarios que corresponde. De todo eso nos hemos ocupado en demasiadas oportunidades, en notas de opinión y en comentarios, sin que se perciba el cambio radical que aparece necesario, encuadrado, como decimos arriba, en una verdadera política de Estado.
Mientras no se tome conciencia de tal requerimiento, los accidentes de tránsito seguirán tronchando vidas de personas de toda edad, a lo largo de las calles y carreteras de Tucumán.
