La tierra de los hombres sin lengua

"Es curiosa la impresión de mudez que dan estos hombres. Son hombres sin lengua". Marcos A. Morínigo (citado por Lucila Castro), "Difusión del español en el Noroeste argentino", 1959.

Abraham Lincoln, tan celebrado por Barack Obama durante su asunción en la presidencia de los Estados Unidos, advertía que el mundo no tenía una buena definición para la libertad. "Todos estamos decididamente a favor de la libertad, sólo que no siempre pensamos lo mismo cuando la palabra sale de nuestros labios", sinceró.
El politólogo argentino José Nun afirma que hoy, en América Latina -y por ende en la Argentina- ocurre lo mismo con otro vocablo: democracia. En su libro Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, planteó que los actuales regímenes políticos siguen siendo evaluados por oposición a las recientes dictaduras militares, es decir, por oposición a lo que no son. En consecuencia, queda en segundo plano la calidad institucional. Porque -advierte el secretario de Cultura de la Nación- "resulta razonable que se le adjudique un signo positivo a lo otro del horror".
Otro motivo, dice Nun, es el discurso neoliberal referido a que no hay alternativas. La democracia, entonces, pasa a ser un sistema de equilibrio posible, recomendable mientras no impida las pautas de acumulación capitalista. Luego, el sistema se define como sucesión de elecciones periódicas. Nada menos, pero nada más.
A la par, el intelectual argentino advierte que se desarticularon las identidades. Las crisis económicas y la exclusión social determinaron que las clases populares no sean ya los vastos sectores de trabajadores que luchaban por participar de la política. Hoy son bolsones de desocupados y subocupados que pugnan por sobrevivir.
Por último -alerta-, operó una retracción del pensamiento crítico. Se ha reflexionado mucho sobre los regímenes oligárquicos, populistas y despóticos, pero muy poco sobre los democráticos. El resultado es que no sólo se empobreció el pueblo, "sino también la discusión pública acerca de la organización de nuestras sociedades y de los modos más justos y equitativos de gobernarlas".

Un plan de vida
Ese debate, el de la organización de la sociedad y de su gobierno, remite a la Constitución. Porque, como su nombre denota, ella contribuye a constituir una comunidad. Históricamente, un pueblo sólo se constituye como tal cuando dicta para sí una ley común a todos sus miembros.
La Carta Magna funda las instituciones, es la cúspide del ordenamiento jurídico, y determina los derechos y los deberes de los ciudadanos. Es, en definitiva, un programa de vida. En Tucumán, el alperovichismo quiere cambiarlo por segunda vez en tres años. Y, por supuesto, la discusión respecto de la nueva alteración que sufrirá la Ley Fundamental (la que regula la convivencia de los ciudadanos entre sí, y de los poderes entre ellos) es de una pobreza miserable.
El gobernador, José Alperovich, hizo pública su iniciativa de volver a meter manos en la Carta Magna hace dos lunes. Desde entonces dijo que pretende habilitarse más y más reelecciones consecutivas, lo cual vicia cualquier iniciativa reformadora. Agregó que también quiere alumbrar las inconstitucionales enmiendas legislativas, abortadas por su esencia contra-natura: permiten que los legisladores, sin nada más que una mayoría especial de votos, modifiquen la Constitución como si fuera una ley cualquiera. Y, finalmente, volvió a repetir que es indispensable habilitar el cambio para crear un sistema de designación de jueces, que cubran de manera definitiva las acefalías tribunalicias.
En rigor, basta con que la Legislatura alperovichista dicte una ley que respete la pauta constitucional introducida por los constituyentes alperovichista, la cual exige que los los jueces (titulares o interinos) surjan de un proceso de selección. Pero eso, que le alcanza a la Carta Magna, no alcanza para los intereses oficiales.

Para todos, nada
En definitiva, el oficialismo no quiere un mejor plan de vida para los tucumanos, que podría traducirse en darle más herramientas a los ciudadanos para que controlen a sus representantes.
Por ejemplo, el Gobierno no quiere aprovechar la reforma para dar autonomía al Ministerio Público. Ni pretende que el ministro fiscal vuelva a la Junta Electoral Provincial, copada desde 2006 por el poder político, que sienta allí al fiscal de Estado y al vicegobernador, dejando en soledad al titular de la Corte.
Tampoco está dispuesto a deshacer la norma por la cual, en un juicio político, se requieren más votos legislativos para destituir al gobernador o al presidente de la Legislatura que a un vocal del superior tribunal de Justicia. Eso desequilibró por completo la república: ya no hay igualdad entre los tres poderes del Estado.
Finalmente, tampoco introducirán la revocatoria de mandatos, mediante el cual el pueblo puede reclamar que un representante electivo cese en sus funciones si incumplió su palabra. Curiosamente, en 2006, el oficialismo había dado su palabra de que iba a habilitar ese mecanismo de democracia directa.
En Tucumán, la palabra oficial es cada vez más dudosa.

La palabra anulada
La palabra oficial es la que está escrita en la Constitución de 2006: la misma que el mismo oficialismo ahora quiere cambiar.
El Gobierno defendió a ultranza esa palabra constitucional cuando fue cuestionada judicialmente, pero ahora que quiere más reelecciones reconoce que era la palabra equivocada. Y pese a admitir sus yerros, mantiene vigentes sus apelaciones ante la Justicia nacional, con lo cual pelea judicialmente para que se valide esa palabra equivocada.
En el entredicho que acaba de producirse con el Colegio de Abogados de la capital, el oficialismo vuelve a dar la impresión de carecer de palabra.
El gobernador dice que consensuó con los representantes de los letrados las líneas generales de una nueva ley para nombrar jueces interinos. Pero el presidente de la asociación gremial, Eudoro Aráoz, desmiente tal acuerdo, pero admite que mantuvo reuniones extraoficiales con miembros del oficialismo, con los cuáles "compartió" su preocupación por la masiva acefalía de cargos en los tribunales de la Provincia.
Es una suerte que Aráoz haya dicho que no hay nada definido, porque el esquema normativo anunciado -o anhelado- por el gobernador, más que a consenso olería a arreglo. Porque si se hubiera hablado de que el Gobierno, el Colegio y la Corte van a proponer una terna cada uno, sin haber charlado siquiera sobre el mecanismo de selección para llegar a esas ternas, más que un consenso habría habido un reparto. Uno en el que las partes intervinientes se reservaban la cobertura del un tercio de las vacantes. Habrá que aclarar que, según fuentes de la propia Casa de Gobierno, a la Corte nada le consultaron sobre este asunto desmentido por los letrados.

Antes no, ahora sí
Pero hay algo todavía más sorprendente en este mecanismo que el propio Alperovich avala: ahora, al gobernador no le parece mal que los abogados intervengan en la designación de magistrados. Hasta hace tres meses, el titular del Poder Ejecutivo se escandalizaba con esa idea.
De hecho, en LA GACETA del 25 de noviembre de 2008 fueron publicadas declaraciones suyas, en las que contestaba una pregunta concreta: ¿Qué requisitos debe tener un abogado para ingresar a la Justicia? "Que sea independiente y que no pertenezca a ninguna corporación. Hay que buscar que los jueces sean independientes. Los abogados no pueden nombrarlos porque son los que litigan. Mientras quien los nombre no tenga nada que ver con los negocios que hay en la Justicia... Mire, acá todo el mundo sabe que hay cinco o seis estudios a donde hay que ir para ganar los juicios. Es sabido" (sic).
El opositor Ariel García se presentó ante la Justicia para que se pidiera al mandatario que se presentara a denunciar cuáles eran esos cinco o seis estudios. Pero el mandatario, que tanto le exigía al legislador Hugo Balceda que diera nombres y apellidos de políticos involucrados con el narcotráfico, no reveló jamás cuáles eran los buffets que intervenían en esos supuestos arreglos espurios con el Poder Judicial.
Por momentos, pareciera que el alperovichismo habla en una lengua cuyo entendimiento no está abierto al sentido común. A veces, incluso, pareciera que el oficialismo no tiene lengua.

Bomba de fragmentación
Tan cierto como que el discurso del Poder Ejecutivo es pública y notoriamente contradictorio es el hecho de que Alperovich ha salido ganando con su anuncio de que negocia con el Colegio de Abogados de la capital una nueva ley de subrogancias.
Con esa revelación, el mandatario detonó una bomba de fragmentación en el seno de una institución que, hasta aquí, le venía marcando el paso al Estado en materia de respeto a la independencia del Poder Judicial.
Más allá de si hubo o no consenso, y sin dejar de considerar que urge encontrar una salida para las vacancias de los tribunales, no menos cierto es lo que le reclama media mesa directiva de la entidad colegiada: raya lo incomprensible que representantes del público Colegio de Abogados capitalino hayan mantenido encuentros privados para discutir una cuestión tan pública como la administración de justicia. Debió haberse recibido al gobernador o a sus eventuales representantes en la sede de la entidad -plantean-, o en su defecto, acudir en audiencia a la Casa de Gobierno.
Los miembros del Colegio de Abogados del Sur también se sintieron desairados: ellos promovieron la causa por la cual el camarista Rodolfo Novillo suspendió la aplicación de la Ley 8.136.
Justamente, el Ejecutivo acaba de notificar a la Justicia que a la próxima ley de interinatos la forjará en sociedad con un sector crítico de su política judicial.
Pero la cuestión trasciende el ámbito tribunalicio. Lo que el oficialismo celebra es que, detrás de la reyerta por las vacancias, desde la entidad profesional capitalina no se rechazó la embestida por la nueva reforma constitucional. Por el contrario, su presidente calificó de "importante y positiva" la convocatoria que Alperovich hizo a la oposición. Invitación que la oposición rechazó airadamente, porque repudia cualquier enmienda.
La coherente respuesta de los legisladores que enfrentan al Gobierno consistió en pedirle al mandatario que tenga la gentileza de dedicarse a gobernar, porque la provincia es un incendio. Y las llamas son alimentadas por el recrudecimiento de la inseguridad y la drogadicción, a lo que se suman los tarifazos de los servicios públicos para una provincia donde el 40% de los habitantes son pobres. Porque una cosa es ser dialoguista y otra muy distinta es ser oportuno.

La definición necesitada
Las coincidencias de los opositores no van más allá de algunos tópicos discursivos. Y el gobernador les está agradecido de que no puedan ni quieran entenderse en una propuesta electoral sólida.
En Buenos Aires, volvió a mostrarse como un hombre cercano a la Casa Rosada, durante el anuncio de la construcción de viviendas con fondos de la Anses. Fue orador del acto de Olivos y la Presidenta, que llegó a posar para la foto con una gorra que dice "C. Kirchner - Alperovich", lo invitó a que la acompañe a España en febrero. Ayer, el mandatario asumió la coordinación pro témpore del Foro de Gobernadores del Mercosur, un lugar que prestigia su currículum político.
Visto de otro modo, octubre es trascendental para los opositores tucumanos. Se pone en juego la representación provincial en el Congreso, la suerte del proyecto reformista del gobernador y, además, la consideración que él tiene para el kirchnerismo como líder territorial que puede garantizarles el triunfo en un distrito.
Pero la oposición sólo muestra desarticulación. Y esa circunstancia determina que la democracia tucumana sea considerablemente deficitaria. El pueblo paga las consecuencias. Porque el Gobierno seguirá cambiando ese plan de vida que es la Constitución para beneficio propio. Para el caso, después de sanción de la Carta Magna de 2006, los centenares de miles de tucumanos esclavizadas por la pobreza no son más libres. Ni siquiera viven de manera más digna.
En su libro ¿Qué es la democracia?, Alain Touraine plantea que democracia sería una palabra muy pobre si no estuviera definida por los campos de batalla donde tantas personas combatieron por ella. "Si tenemos necesidad de una definición fuerte de la democracia es, en parte, porque es preciso oponerla a los que, en nombre de las luchas democráticas antiguas, se hicieron o se hacen todavía servidores del absolutismo y la intolerancia -advirtió-. Ya no queremos una democracia de participación; no podemos contentarnos con una democracia de deliberación: necesitamos una democracia de liberación".
De eso, aquí, no se consigue.