La Justicia y las crisis partidarias

Las internas del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical han llegado a constituir situaciones inéditas en el historial político nacional, representativas del alto grado de descomposición que el viejo sistema partidario atraviesa. Protagonistas decisivos de la crisis más generalizada de la Argentina moderna, sus fenómenos convulsivos tienen por característica consecuente el aislamiento de la sociedad, cuyas acciones públicas se manifiestan mediante organizaciones espontáneas, peligrosamente cercanas a la democracia directa que fulmina la Constitución en su artículo 22. Fracasados todos los intentos de reforma política por la pertinaz resistencia de las dirigencias partidarias, el único recurso constitucional para poner fin a ese apoderamiento de los resortes políticos es ahora la Justicia, cuya creciente intervención en el proceso electoral debe observarse con preocupación. Inquietud en la medida que los jueces deban convertirse, de hecho, en virtuales protagonistas de un debate esencialmente político que les es específicamente ajeno.
A esa función en la que la realidad ha colocado a la Justicia se la ha calificado de judicialización de la política. Sin embargo, tal calificación deja de ser realista cuando de lo que se trata es de que los jueces ejerzan el control de constitucionalidad, a solicitud de cualquier parte afectada en sus derechos por decisiones partidarias presuntamente irregulares. La naturaleza de las cuestiones que actualmente se encuentran a cargo de la jueza federal y electoral María Servini de Cubría conciernen precisamente a tal punto y a la transparencia de la elección interna del radicalismo. Por lo demás, los hechos transcurridos en el justicialismo -en los que han tenido notoria influencia funcionarios del Gobierno, a partir del propio presidente Eduardo Duhalde- evidencian por sí solos contradicciones y dudas jurídicas suficientes como para justificar las intervenciones judiciales a instancias de parte.
Un ligero detalle del contradictorio proceso de esa interna no debe eludir que la convocatoria a elecciones primarias abiertas fue una decisión del Gobierno nacional, ratificada posteriormente por el congreso justicialista. Esa alternativa, no obstante, fue dejada sin efecto poco tiempo después por el mismo órgano partidario, y se propuso en su lugar un inédito sistema de neolemas, cuya constitucionalidad fue puesta en discusión, precisamente en el ámbito judicial electoral. Por otra parte, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto, convertido en ley, que dejó sin efecto, por única vez, el régimen de elecciones primarias que establece la carta orgánica del justicialismo. Amén de otros detalles complementarios de esas contradicciones, su naturaleza señala la razonabilidad del control judicial, más allá del desenlace que el prolongado trámite abierto pueda deparar y que pone en tela de juicio las fechas establecidas por el calendario electoral, a pesar de la certeza que oficialmente se le asigna.
La llamada judicialización de la política no se corresponde, pues, con la situación descripta, cuya gravedad es superior a la posibilidad de que nuevamente tenga que ser extendido el calendario electoral por causas tan notorias como ambas crisis partidarias. Especialmente la que concierne al partido oficialista, dividido en tres facciones y al borde de su ruptura por la fuerte disputa personal, antes que ideológica, entre el presidente Duhalde y el ex presidente Carlos Menem. Incapaces hasta el momento de advertir la gravedad de la situación que protagonizan en esta hora histórica de la Nación, sus confrontaciones aparecen ante la sociedad defendiendo intereses comprometidos con el pasado, antes que abriendo cauces a los acuerdos hacia el futuro. La experiencia que de ambos cabe esperar debería alertarlos sobre el riesgo de que la alternativa electoral provoque una continuidad de la crisis de credibilidad que afecta a nuestra instituciones.