04 Febrero 2003 Seguir en 
El ministro de Economía lleva esta semana a Washington la cuasi certeza de que la Corte Suprema de Justicia no avanzará hacia la redolarización de los depósitos del corralón. La base más sólida de su anuncio es la decena de bancos oficiales y privados que han comenzado a devolverlos, aunque con la obligación de que quienes los recuperen se abstengan de accionar judicialmente para percibirlos en sus valores originales.
No ha sido significativa la concurrencia de depositantes a retirar sus fondos liberados, pues mucho indica que una buena parte de aquellos prefiere quedar a la espera de una eventual redolarización por la Corte, posibilidad algo ilusoria según la mayoría de los observadores judiciales.
El máximo tribunal de Justicia tendrá esta semana su primera reunión después de la feria de enero, pero tampoco se espera que aborde alguna cuestión de mayor trascendencia.
La semana judicial apunta con más interés hacia la jueza federal y electoral María Servini de Cubría, quien aseguró públicamente después de la inédita decisión de Eduardo Duhalde de visitarla para solicitar una declaración de certeza electoral, que se pronunciaría a breve plazo. La única certeza, por cierto, es que hay una ley de convocatoria, pero la magistrada no podrá incursionar en el penumbroso laberinto de las intenciones del Presidente y de Carlos Menem.
Complejidades
Ese laberinto -si quienes disputan en él no llegan a un acuerdo- tiene un cronograma de probabilidades que conduce con seguridad y por último, a la Corte Suprema.
Por añadidura, son dos las cuestiones judiciales planteadas, lo cual hace más incierto el tiempo que pueden requerir si no llegan a integrarse en una.
Muy difícilmente podría haber una decisión final antes del 23 del presente mes, fecha para la cual una de las partes insiste en la interna, con lo cual la cuestión se hace más compleja y corre el riesgo de provocar la imposibilidad temporal del calendario electoral. Para que esto último no ocurriese, el desenlace judicial debería hacer añicos los fundamentos de la jueza Servini de Cubría sobre la inconstitucionalidad de la última decisión del congreso justicialista. También se ha dicho que la judicialización de la política es un grave daño que se infiere al proceso electoral, pero la magistrada considera que no es así cuando lo que está en juego es el control de constitucionalidad, exigido por una de las partes.
La realidad
Roberto Lavagna solicitará, además, en Washington, que no se agobie al futuro gobierno con presiones que vayan más lejos de lo acordado con el Fondo Monetario.
La advertencia del ministro respecto de que espera el mismo comportamiento que con Brasil tras el ascenso de "Lula" da Silva al poder, parece un tanto prescindente de la realidad argentina.
Así como el presidente brasileño y el gran "staff" político de su país comprometieron antes de las urnas respetar lo convenido por Fernando Henrique Cardoso, ya son dos aquí los candidatos que adelantan revisiones: Elisa Carrió y Adolfo Rodríguez Saá. (De nuestra Sucursal)
No ha sido significativa la concurrencia de depositantes a retirar sus fondos liberados, pues mucho indica que una buena parte de aquellos prefiere quedar a la espera de una eventual redolarización por la Corte, posibilidad algo ilusoria según la mayoría de los observadores judiciales.
El máximo tribunal de Justicia tendrá esta semana su primera reunión después de la feria de enero, pero tampoco se espera que aborde alguna cuestión de mayor trascendencia.
La semana judicial apunta con más interés hacia la jueza federal y electoral María Servini de Cubría, quien aseguró públicamente después de la inédita decisión de Eduardo Duhalde de visitarla para solicitar una declaración de certeza electoral, que se pronunciaría a breve plazo. La única certeza, por cierto, es que hay una ley de convocatoria, pero la magistrada no podrá incursionar en el penumbroso laberinto de las intenciones del Presidente y de Carlos Menem.
Complejidades
Ese laberinto -si quienes disputan en él no llegan a un acuerdo- tiene un cronograma de probabilidades que conduce con seguridad y por último, a la Corte Suprema.
Por añadidura, son dos las cuestiones judiciales planteadas, lo cual hace más incierto el tiempo que pueden requerir si no llegan a integrarse en una.
Muy difícilmente podría haber una decisión final antes del 23 del presente mes, fecha para la cual una de las partes insiste en la interna, con lo cual la cuestión se hace más compleja y corre el riesgo de provocar la imposibilidad temporal del calendario electoral. Para que esto último no ocurriese, el desenlace judicial debería hacer añicos los fundamentos de la jueza Servini de Cubría sobre la inconstitucionalidad de la última decisión del congreso justicialista. También se ha dicho que la judicialización de la política es un grave daño que se infiere al proceso electoral, pero la magistrada considera que no es así cuando lo que está en juego es el control de constitucionalidad, exigido por una de las partes.
La realidad
Roberto Lavagna solicitará, además, en Washington, que no se agobie al futuro gobierno con presiones que vayan más lejos de lo acordado con el Fondo Monetario.
La advertencia del ministro respecto de que espera el mismo comportamiento que con Brasil tras el ascenso de "Lula" da Silva al poder, parece un tanto prescindente de la realidad argentina.
Así como el presidente brasileño y el gran "staff" político de su país comprometieron antes de las urnas respetar lo convenido por Fernando Henrique Cardoso, ya son dos aquí los candidatos que adelantan revisiones: Elisa Carrió y Adolfo Rodríguez Saá. (De nuestra Sucursal)







