El empobrecimiento de los empleados públicos tucumanos encuentra su correlato en el sostenido e injustificable enriquecimiento de la inmensa mayoría de sus gobernantes. Este es un signo inequívoco de la gestión mirandista, empeñada en profundizar esta desigualdad en 2003. En diciembre se dio el primer golpe en el marco de este esquema, con la modificación de la Ley de Administración Financiera. La ayuda de los legisladores de la UCR, que pergeñaron y apoyaron el texto legal, fue inestimable. Sólo se pronunciaron en contra los peronistas Osvaldo Cirnigliaro y Julio Díaz Lozano.
El gran bonete de distracción fue la designación a perpetuidad de los actuales integrantes del Tribunal de Cuentas. Ese ente se caracterizó por enterarse a través de la difusión de las causas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción de las irregularidades en el manejo de los dineros del Estado que debía controlar.
La trampa de este articulado radica en que, al establecer que los dictámenes del Tribunal de Cuentas sólo podrán apelarse ante la Corte Suprema de Justicia provincial, suprime cualquier otra instancia judicial para revisar la disposición de este organismo.
Esto quiere decir que si el órgano de contralor no detecta irregularidades en el manejo de las partidas de gastos discrecionales (la famosa 012) de la Legislatura, de la Secretaría General de la Gobernación o de la Caja Popular (para citar algunos ejemplos), los legisladores y los funcionarios que el 31 de octubre se queden sin fueros y sin privilegios constitucionales, sabrán que no deberán recorrer los Tribunales para darle explicaciones. Es de esperar que la Corte no se deje meter en este brete, que representa un inadmisible per saltum desde una sede administrativa hasta el último escalón de la Justicia. Y que es violatorio del Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza una doble instancia judicial para cualquier causa.
Sancionado el capítulo que garantiza la tranquilidad de los servidores del pueblo que no pueden justificar su patrimonio, en enero se escribió la nueva etapa de precarización de las condiciones laborales y salariales de los estatales. El protagonista fue el "decreto ómnibus", que prorroga el pago del 20% de los sueldos con tickets y que mantiene congelado el escalafón. La idea es que sigan reducidos los aportes jubilatorios y los que se hacen al Subsidio de Salud. Este, con sus prestaciones cada vez más precarias, encarece la atención de sus afiliados. A ello se suma el desagio de los bonos. O la destrucción de las redes estatales de educación, salud y seguridad gracias a la Caja Unica.
Las perspectivas son tenebrosas. Léase, cesantía masiva. En Tucumán, para el caso, rige el retiro de los empleados de 54 años, que no se aplica porque el Gobierno no tiene recursos para pagar las indemnizaciones.
La administración que llegará, en cambio, contará con $ 50 millones en Bocade autorizados para emitir y una suba de la coparticipación federal, surgida del canje de deuda que consiguió Osvaldo Jaldo.
El próximo capítulo de esta historia de gobernantes ricos y gobernados pobres tiene su final abierto. Si la Legislatura ratifica el "decreto ómnibus", la impunidad habrá ganado otra batalla.
