El patrimonio cultural

Durante décadas, en nuestro país se le restó relevancia al cuidado del patrimonio cultural y, por esto, las instituciones encargadas de tal tarea se transformaron en dependencias burocráticas con una posibilidad reducida de tener una política de preservación que produjera resultados efectivos. De ese modo una mezcla de desidia y de indiferencia causó la desaparición de bienes únicos y puso en peligro la integridad de piezas de gran significación histórica. Tucumán no es la excepción. La ausencia de una ley que preserve el patrimonio cultural ha llevado a la pérdida de invaluables edificios que hoy sólo están presentes a través de fotos desteñidas y nostálgicas, como la Cervecería Norte, que fue derribada en 2001 para construir un shopping. Paradójicamente, existen varios proyectos (uno de ellos de la Secretaría de Cultura) para crear una ley que proteja el legado histórico de la provincia.
Sin embargo, los legisladores siguen ignorando el tema y los proyectos siguen juntando polvo en los despachos. La Constitución de 1990 hace expresa mención de la responsabilidad que tiene el Estado de salvaguardar nuestro patrimonio cultural. El artículo 24 señala: "Los valores históricos, arquitectónicos, arqueológicos, artísticos y documentales son parte del patrimonio cultural de la provincia y están bajo su protección, sean de dominio público o privado". Por lo tanto, es deber ineludible de las autoridades provinciales velar por la integridad de nuestro pasado. No sólo estableciendo una normativa específica, sino también revisando la ley denominada "Sistema Alternativo de Pago de Infraestructura Pública" (conocida como "Activo por Activo"), que está actualmente en vigencia y en la que se propone la entrega a empresas privadas de bienes inmuebles del Estado en pago por la realización de obras nuevas.
Y si bien esta ley exceptúa a aquellos edificios que son declarados parte del patrimonio histórico, la ausencia de una ley de protección deja la puerta abierta para la entrega de esos bienes en el caso de alguna urgencia económica. A esta normativa están vinculados edificios como la Casa de Gobierno; el teatro San Martín; la escuela Rivadavia; la Casa Padilla; el palacio de Tribunales o el Casino. Por otra parte, conviene tener en cuenta lo resuelto por la Carta de Venecia en 1964 que estableció el principio de que la conservación y restauración del patrimonio cultural exige un enfoque multidisciplinario que abarque todas las ciencias y técnicas concernientes, en lugar del criterio feudalista que defendía la especialidad de cada materia frente a la universalidad del valor testimonial.
El bien cultural pasa a ser concebido no sólo en su plenitud como testimonio, sino también y, al mismo tiempo, como parte activa del presente, con toda su carga dinámica de futuro. Asimismo, poseer hoy en la provincia una política cultural integral ayudará, a través de la tarea de rescate, conservación y difusión de lo patrimonial, a sintetizar dos aspectos clave que hacen a nuestra identidad como pueblo: memoria colectiva y conocimiento científico. En otras palabras, si existe una política de defensa patrimonial habrá una mayor conciencia de pueblo. Este es otro aspecto en el que Tucumán está en mora.
En innumerables oportunidades se denunció la depredación a la que son sometidas las plazas de la ciudad, los edificios centenarios, las esculturas del parque 9 de Julio o los paredones de los templos. Sin embargo, nada se hace desde el Gobierno por educar al pueblo a través de campañas que despierten una mayor conciencia social o que instruyan sobre la necesidad de conservar lo que pertenece a todos los tucumanos.
Va siendo tiempo entonces de que las autoridades y los legisladores tomen cartas en el asunto y breguen por la sanción de una ley que asegure la integridad, el cuidado y el uso democrático de los bienes culturales. Una categoría que incluye desde documentos hasta sitios arqueológicos; desde edificios hasta obras de arte, desde murales y mercados hasta cornisas y paseos públicos. En esta tarea gigantesca y ardua, se ponen en juego el derecho a la historia, el cultivo de la memoria y el acceso a los bienes que han marcado el pasado y que pueden orientar nuestro porvenir.