El Estado decidió intervenir TGN por 120 días

BUENOS AIRES.- El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso ayer la intervención por 120 días de la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) y designó para el cargo a Roberto Darío Pons.
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, explicó al hacer el anuncio que la intervención coadministrará la empresa junto al directorio y tendrá a su cargo la fiscalización de todos los actos que puedan afectar la normal prestación del servicio público de transporte de gas.
La medida del Gobierno fue dispuesta como consecuencia de la decisión adoptada y comunicada a la Bolsa por TGN, la semana pasada, de declarar en default el pago de un vencimiento de Obligaciones Negociables, argumentando un deterioro de su ecuación económico-financiera.
TGN es licenciataria por 35 años, y opera desde 1992, los gasoductos troncales Norte (con origen en Campo Durán, Salta) -pasa por Tucumán-, y Centro Oeste desde Loma La Lata, Neuquén, hacia Buenos Aires. El principal accionista y controlante de TGN es Gasinvest SA (sociedad conformada por TecGas NV (Techint), Compañía General de Combustibles SA, Total Gas y Electricidad Argentina SA, y Petronas Argentina SA, que posee 56% del capital de la compañía. Blue Ridge Investments posee 24% de TGN y el 20% restante se negocia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La empresa argumentó deterioro patrimonial "por efecto de la depreciación del peso sobre tarifas domésticas que permanecen fijas, combinando con una caída en los ingresos por transporte de exportación y con un incremento de los costos en pesos y en dólares". Asimismo, la compañía aseguró que incumplía el pago porque "se ve en la necesidad de administrar sus recursos con el propósito de mantener la prestación segura y confiable del servicio público del transporte de gas natural a su cargo". Estos argumentos sirvieron de antecedentes en la resolución 587 del Enargas, que el Gobierno difundió para explicar la intervención de la compañía e investigar la situación.
El Gobierno ordenó que se realice una auditoría interna integral, al tiempo que De Vido anticipó: "bajo ningún aspecto se va a admitir una situación de default que puede afectar operativamente la prestación de este servicio público y el adecuado mantenimiento de una infraestructura que es del Estado y que la concesionaria tiene la obligación de preservar". Recalcó que en 2006 TGN hizo un acuerdo preconcursal con sus acreedores y "hoy nos tiene en vilo con esta declaración de default". Rechazó los argumentos de la compañía referidos a las tarifas al afirmar que TGN "no acordó con el Estado una renegociación del contrato". (DyN)