Grave denuncia sin consecuencias

Durante 48 horas, algo menos de 200 piqueteros interrumpieron el tránsito por la avenida Leandro Alem de la Ciudad de Buenos Aires, una de las grandes vías troncales del distrito federal, por la que circulan diariamente no menos de 500.000 automóviles y colectivos. El lugar del bloqueo fue el Ministerio de Trabajo, cuyas autoridades denunciaron al mismo tiempo graves situaciones de corrupción en algunas de esas organizaciones. Según la ministro Graciela Camaño, acostumbran a "apretar para conseguir cupos de beneficiarios", además de "cobrarles a los pobres que dicen representar parte de los subsidios". Sin embargo, la máxima funcionaria laboral no procedió a ordenar - tampoco lo hizo autoridad oficial alguna- que se pusiera fin al caos del tránsito en pleno centro porteño.
Esa pasividad no debería sorprender, pues en los hechos se tiene asumido que tales actos de violencia contra la inmensa mayoría de la sociedad forman parte muy peculiar del derecho a peticionar. Hace poco más de un año, cuando el desorden institucional provocado por la crisis quebró los resortes fundamentales del orden y de la seguridad jurídicos, las reacciones colectivas de protesta por los derechos vulnerados constituyeron la única respuesta social de legítima defensa. Desde entonces hasta el presente, conforme los poderes públicos se fueron encauzando hacia la transición institucional, la convivencia entre aquellos y la sociedad se fue ordenando, aunque con sacrificios, sin decaer por ello las exigencias de recuperación nacional. Tan sólo una franja contestataria de la sociedad, organizada en piquetes, ha perdurado, aunque inorgánicamente, asumiendo la forma de múltiples grupos sin otro control referencial que la presencia en los medios, consecuente con sus habituales y frecuentes cortes de rutas y calles. La confusión oficial entre tolerancia y derecho de expresión, así como un temor excesivo a hacer cumplir normas esenciales de convivencia pública, han convertido a esos grupos y organizaciones de hecho en una seudoinstitución donde se amparan actos y sujetos como los referidos, sin mayores consecuencias, por la ministra de Trabajo.
Frutos de un asistencialismo sin retribución laboral que el Gobierno no pudo organizar adecuadamente por ausencia de estructura adecuada, las autoridades debieron recurrir a esas mismas organizaciones de hecho para distribuir subsidios que debieron ser de emergencia y que ahora tienden a institucionalizarse por falta de imaginación política.
Tan fácil acceso a la prebenda produjo necesariamente una proliferación de grupos, cuya complejidad y diversidad ideológica abonaron un conflicto inédito, al ser infiltrados por organizaciones partidarias con escasa presencia electoral, cuyos símbolos identificadores aparecen en sus manifestaciones. Tan sólo tres o cuatro organizaciones piqueteras han logrado hasta el momento alejarse de filiaciones ideológicas, aunque no por ello evitar gruesas diferencias tácticas para ser parte de los subsidios oficiales.
El interrogante a futuro planteado por la realidad descripta apunta al hecho ineludible de las próximas elecciones nacionales y del rol que cumplir en ellas de esa variedad de siglas, cuyos mentores no sólo rechazan mayoritariamente toda vinculación a los grandes partidos, sino también a las estructuras sindicales reconocidas. La incógnita esencial responde a una inquietud por determinar si esos grupos inorgánicos movilizados por caudillajes más o menos notorios perdurarán fuera del sistema democrático constitucional -cuyos derechos invocan, mas no sus obligaciones-, o se extinguirán con la crisis, al asumir en algunos casos formas partidarias o sociales. La actual descomposición de los grandes partidos agrava esa incertidumbre y ha dejado al gobierno de transición sin base política suficiente para colocar tales hechos en un marco legal.
Esa realidad alcanza a la Justicia, ausente -salvo muy contadas excepciones- de su deber de preservar el orden institucional. Tal orfandad de poder político en ejercicio debería forzar una severa reflexión compartida, tanto de quienes lo ejercen como de quienes aspiran a ejercerlo.