Un duro y sucio camino

BUENOS AIRES.- El secretario general de la Presidencia, José Pampuro, aclaró que su declaración sobre la necesidad de una mediación política en el conflicto del justicialismo fue tan sólo una opinión personal.
Su punto de vista se encuentra tan lejos como desproporcionado de la realidad con la trascendencia que se le atribuyó. Mientras la situación no tenga un desenlace judicial no podrá pensarse en nada semejante. Pero tampoco es probable que esta semana se avance en una definición de la Justicia, enfrascada en dos debates sobre la cuestión, que podrían derivar a la Corte Suprema.
En medio de ese panorama es fácil plantear jugadas conjeturales, como la recogida al comenzar la semana en un reducto partidario frecuentado por el diputado Adrián Menem. Según ella, si finalmente se impusiera el régimen de neolemas votado por el congreso justicialista, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá acordarían apoyar en la segunda vuelta al que de ambos tuviera más votos en la primera.
La jueza federal electoral Servini de Cubría elevó, al comenzar la semana, a la Cámara Nacional Electoral el expediente de apelación duhaldista a la descalificación del congreso del PJ dispuesto a instancia del menemismo, pero el fondo de la cuestión requerirá un término mayor antes de ser resuelto.

Operaciones
Es muy notorio que Servini de Cubría haya comenzado a ser el blanco de operaciones de prensa que tratan de descalificar su perfil de magistrada, y la asocian políticamente con el menemismo.
Esa situación ensucia todavía más el contexto de la crisis justicialista.
Un tema que el presidente Duhalde no pudo eludir durante su presencia en el Foro de Davos, y que lo irritó hasta el punto de mantener una viva polémica a propósito de la inseguridad política con que en el FMI se observa el proceso electoral. En rigor de verdad, Duhalde no dijo nada diferente de lo que el presidente brasileño "Lula" da Silva expresó en el mismo lugar sobre las dificultades de los países en desarrollo, pero sí estuvo muy lejos de la ovación y de las adhesiones recibidas por su colega en ese foro de orientación liberal.

Exigencias
A pesar de que los problemas fundamentales que derivan del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional corresponderán al futuro gobierno, la carta de intención con el organismo establece que el superávit fiscal de 2,5% para el presente ejercicio deberá ser aprobado por el Congreso antes de que finalice marzo. Con ese fin el Gobierno habrá de reducir gastos, elevar la recaudación tributaria y eliminar exenciones impositivas de muy difícil tratamiento parlamentario. Además, deberá cumplir con la escalada de tarifas públicas que acaba de comenzar y enfrenta ya objeciones por la vía judicial, de la Defensoría del Pueblo y el ombudsman nacional, que cuestionan la modificación de la Ley de Emergencia mediante un decreto de necesidad y urgencia. Esa escalada tarifaria de los servicios fue reconocida por Duhalde en Davos, pero no es probable que se produzca un segundo aumento antes de la transmisión del poder el 25 de mayo. (De nuestra Sucursal)