La normalización del trabajo en los tribunales significará la aceleración de procesos internos en la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes disfrutan del silencio habitual del segundo piso del altísimo edificio.
El 31 de marzo será el último día del penalista Héctor Eduardo Area Maidana como presidente de la Corte. No buscará un nuevo mandato, en parte cansado de haber estado al frente del Poder Judicial en uno de sus momentos más complicados por la crisis interna nacida del protagonismo alcanzado por el fiscal anticorrupción Esteban Jerez.
El ex secretario de Estado de Antonio Bussi pretende que, a mediados de marzo, esté resuelto el nombre de su sucesor, aunque el elegido comience a ejercer el cargo el 1 de abril. Este año no es uno más. Quien presida la Corte, será cabeza también de la Junta Electoral Provincial, en compañía del titular del Poder Legislativo (el vicegobernador Sisto Terán) y del ministro fiscal Luis de Mitri.
El listado de reemplazantes de Area Maidana se limita, según todos los consultados, a dos nombres: Alberto Brito y Antonio Gandur, los únicos que no presidieron nunca el tribunal. Los restantes vocales, René Goane y Alfredo Dato, tuvieron roles destacadísimos a su frente. Goane condujo el juicio político contra Bussi en la Legislatura en 1998, que concluyó con la absolución del ex gobernador porque la oposición no consiguió el voto de los 2/3 de los jurados para destituirlo. Al año siguiente, Dato presidió la Junta Electoral que consagró a Julio Miranda como gobernador por encima de Ricardo Bussi, quien, desde el día siguiente de la elección, denuncia fraude.
Brito es considerado un profundo estudioso del derecho y autor de excelentes fallos. Precisamente, por su carácter y preparación, se habría autoexcluido de ocupar la presidencia en un año electoral. Pero aún habría intentos para que cambie su decisión.
Un paso al costado dejaría el camino libre para Gandur, quien es mencionado por amigos (y algunos no tanto) como la futura cabeza de la Justicia tucumana. El ex funcionario del gobierno peronista de Ramón Ortega sabe que es su oportunidad de oro. El civilista fue el único vocal que pidió que se lo investigue cuando Jerez habló por primera vez de presiones sobre su trabajo y de la existencia de una quinta columna en su contra.
La semana próxima revivirá también el juicio político presentado contra la Corte en pleno (incluido De Mitri) por los abogados Juan Carlos Ponssa y María Luisa Castillo, por violación de los deberes de funcionario público, por acción u omisión. "La Justicia está manejada por intereses bastardos y mezquinos", afirmaron en su planteo en la Legislatura. La denuncia tiene un seguro destino de rechazo y archivo.
Esa norma no escrita de hablar en voz baja y caminar casi en puntillas en el piso de la Corte sólo es parcialmente rota con las audiencias públicas de algún escandaloso juicio oral, que se desarrolla en el ala de enfrente de la de los despachos del máximo tribunal. Todos apuestan a que los ruidos seguirán naciendo desde ese salón, pero que nunca se escucharán como provenientes de las oficinas de los cortesanos.
