Una actividad que le aporta a la provincia entre $ 90 y $ 100 millones anuales y que da empleo, en forma directa, a unas 120.000 personas, merece ser tratada con la seriedad que le cabe a cualquier otro sector económico. En los últimos años, el turismo -de la mano de las inversiones privadas y de los incentivos del Gobierno- comenzó a perfilarse como una industria. Es más, a la par del crecimiento de la infraestructura y de la variedad de propuestas para los visitantes, aumentó la conciencia entre los empresarios y la gente común de la importancia que tiene -para el bolsillo y para la cultura- que Tucumán sea un destino elegido por compatriotas y extranjeros.El turismo es dinero para la hotelería, la gastronomía, el transporte, los comercios, los artesanos... y la lista puede ser más larga. Incluso, su desarrollo permite el arraigo de la gente en sus pueblos. Un claro ejemplo son Tafí del Valle y San Pedro de Colalao: entre 1980 y 2001 aumentó en un 30% el número de habitantes locales mientras que otras localidades del interior expulsaron a sus pobladores.
El secretario de Turismo, Domingo Amaya, exhibió optimista los números de la primera quincena de enero: 42.000 turistas pasaron por Tucumán y el 80% de la capacidad hotelera de toda la provincia está cubierto. En Tafí del Valle y en San Pedro de Colalao llegó al 100% durante los dos primeros fines de semana del mes. Las reservas -afirmó- dan cuenta de cifras similares para esta segunda quincena y para febrero. Sostener y acrecentar esta demanda es el desafío.
Tucumán no cuenta todavía con una ley de fomento del turismo. Una norma que asigne partidas presupuestarias específicas, pero no sólo para la Secretaría respectiva sino para hacer obras concretas de infraestructura: caminos, rutas, electrificación, agua potable.
Al hablar de rutas no se alude a una mera cinta asfáltica sino a un camino que tenga servicios para los viajeros, como cobertura de emergencias técnicas para los vehículos, paraderos, salidas de emergencia y señalizaciones. Las rutas deberían tener, además de las indicaciones viales, las históricas, geográficas y de preservación del medio ambiente.
Esa norma también debería otorgarles una categoría especial a las comunas de villas veraniegas, como El Mollar o San Pedro, que por el número de habitantes locales no pueden ser municipalidades pero que cuando llega el verano se ven excedidas, en presupuesto y en personal, para brindar servicios a una población que prácticamente se sextuplica durante enero y febrero.
En este contexto, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán está en deuda. A pesar de haberse logrado la designación nacional de Ciudad Histórica, en la capital no hay un plan para rescatar o valorizar circuitos históricos o de interés turístico. Es la receptora por excelencia de los visitantes, lo que aumenta su responsabilidad y convierte en escaso el trabajo realizado hasta ahora.
Los casi $ 100 millones que el turismo le deja a la provincia se podrían incrementar en poco tiempo si los actuales legisladores sancionaran una ley con esas características y que no sea sólo un incentivo a la inversión, como la 6.700.
