Peligrosa escalada hacia el poder

De acuerdo con las referencias más ilustrativas de la realidad, nuestro país tiene actualmente un régimen jurídico electoral previsto por la Constitución y por las leyes consecuentes, y otro de hecho, improvisado de acuerdo con las necesidades políticas de grupos partidarios que tratan sin complejos de apropiarse del poder. Lo que ocurre en el Partido Justicialista, si bien es el ejemplo más grave y testimonial, por tratarse de la agrupación gobernante de la Nación y de la mayoría de las provincias, no es el único caso, pues a partir del eslogan "que se vayan todos" pueden observarse algunos más que expresan en conjunto el alto grado de descomposición política que agravia a la República.
Una consecuencia ineludible de tan intolerable situación es la judicialización de la política, como acaba de ocurrir al declarar inconstitucional la jueza federal electoral, María Servini de Cubría, la pretensión de elegir a candidatos del justicialismo mediante un impropio régimen de lemas ajeno al sistema legal.
La decisión judicial, cuya apelación se aguarda, era previsible, al igual que la esperada designación de veedores electorales por la Organización de Estados Americanos, solicitada por el ex presidente Carlos Menem como parte de su personalísima disputa con el presidente Eduardo Duhalde. Tal cual ya se dijo en este lugar en diferentes ocasiones, la gravedad de la crisis argentina ha llegado al extremo de que las confrontaciones internas de los grandes partidos sean considerablemente más intensas e innegociables que las que mantienen entre ellos como parte de la competencia democrática.
Nunca, ni siquiera en las sucesivas restauraciones constitucionales que conoció el país al término de los recurrentes golpes militares, la OEA fue convocada para controlar algún proceso electoral, como se acaba de solicitar -inclusive con la supuesta complacencia del Gobierno- por causa de esa colusión partidaria, donde el destinatario del daño es la Nación.
Ello ocurre ahora, cuando un cúmulo de hechos y situaciones con protagonismo oficial y entre quienes aspiran a gobernarla la desacreditan ante la comunidad internacional, contrariando esperanzas de recuperación de la sociedad.
Pero si todo ello no fuera suficiente en ese escenario de incertidumbre y desprestigio, el inevitable fallo de la Justicia electoral, al que ahora promete seguir un proceso apelatorio, antes que el aconsejable rumbo de un acuerdo de tolerancia recíproca para limpiar la imagen del país, amenaza con alterar nuevamente el calendario electoral. El riesgo de que esto último se concrete una vez más puede incidir sobre el sensible rumbo de recuperación que exhiben algunos indicadores económicos, condicionados en la presente instancia por el restablecimiento de la confianza que permita restaurar el crédito.
Esa implacable lucha personalizada entre quienes se imaginan detentadores del poder en medio de una crisis histórica, de cuya generación han sido partes notorias, avanza así hacia una incierta culminación, como si se ignorara el riesgo de una determinación popular incontrolable, aunque no desprovista de legitimidad de causa. El esfuerzo que algunos sectores del Gobierno -especialmente el económico- empeñan en sus gestiones para llevar a buen puerto la transición sorteando peligros para la estabilidad institucional, tampoco parece merecer la atención necesaria del Presidente, y menos aun de quien sólo espera el fracaso para consolidar sus aspiraciones de sucesión.
La buena voluntad y la fe de la ciudadanía en el sistema democrático, demostrada reiteradamente durante el transcurso de la crisis, debería servir de ejemplo a quienes no tienen otra alternativa ética y moral que la negociación y el acuerdo.
Si Eduardo Duhalde y Carlos Menem no lo advierten así, será muy difícil predecir un honroso y merecido desenlace de los tiempos difíciles en que están colocando ambos a la República.