Un oportuno programa laboral

El desempleo no estacional ha sido la consecuencia más grave de la recesión y de la profunda crisis por sus graves secuelas sociales. También lo será por su lenta y desigual recuperación en los diferentes sectores de la economía, lo cual provocará cambios de actividades laborales que perturbarán a buena parte de la sociedad. El problema, por su complejidad y alcances -duración, pobreza e indigencia- carece de precedentes en la Argentina moderna y ha derivado, por la incapacidad relativa de las dirigencias públicas para elaborar políticas de largo plazo, en improvisaciones sin futuro. Un ejemplo testimonial de ello es el constituido por las recurrentes medidas asistencialistas sin retribución laboral, que hacen de las ayudas estatales costosas inversiones improductivas y rebajan la condición social de los supuestos beneficiarios.
Tan sólo graves emergencias temporales que afectan sin discriminación a una o varias comunidades por causas imprevisibles, justifican ese sistema cuya vigencia entre nosotros asigna al país un perfil de decadencia inconciliable con sus recursos materiales y espirituales.
Es por ello que el flamante programa denominado Componente Solidario de Inserción Laboral, que acaba de poner en vigencia el Gobierno nacional, debe ser acogido con satisfacción, más allá de las imperfecciones que puedan observarse en su aplicación. Esencialmente, esa decisión consiste en asignar empleos -alrededor de 400.000, según se estimó oficialmente- a beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que ascienden actualmente a dos millones. Mediante dicho programa las empresas podrán contratar personal durante seis meses, restando al salario básico de convenio los 150 pesos que perciben aquellos del Estado. Después de ese lapso, la empresa del caso podrá efectivizar al empleado o rescindir el contrato. En el primer caso, el empleador podrá contratar nuevo personal mediante el mismo programa. Este consta de dos modalidades: cursos de capacitación por un mes en la misma empresa, que solamente estará obligada a abonar viáticos y seguro de vida, y contratación directa. Todas esas relaciones contractuales se cumplirán mediante el Ministerio de Trabajo.
Más de un millar de empresas ha requerido hasta el momento información sobre el programa, que contará con unidades territoriales de la cartera laboral.
Especialmente del sector Pyme, donde se están produciendo los primeros signos de recuperación económica. El trabajador despedido, jefe o jefa de hogar, sin preaviso ni indemnización, seguirá percibiendo los 150 pesos del plan estatal, mientras que quien se niegue a trabajar dentro de ese programa, dejará de percibirlos, considerándose que dejó de estar desocupado. Una exigencia más para las empresas que se incorporen al programa Componente Solidario de Inserción Laboral, será el compromiso de mantener la dotación de personal existente a diciembre del pasado año, para evitar despidos que podrían compensarse mediante el nuevo sistema a costo laboral inferior.
Sin duda que ese programa destinado a combatir el desempleo y el asistencialismo sin retribución laboral, deberá contar con un aval, al menos tácito, de las organizaciones gremiales para que se desarrolle sin problemas políticos. La objeción sindical apuntará probablemente -como ya ha ocurrido en el sector de los llamados piqueteros- a la probable reducción del empleo para quienes no están incluidos en el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Este punto, eventualmente conflictivo, debe analizarse con prudencia, sin dejar de advertir que no deberá contrariarse la estructura jurídica y legal vigente del contrato de trabajo. Tampoco un justo reclamo por esa posibilidad debería ignorar la grave situación -por no decir desesperante- del enorme sector social que tan sólo percibe una magra asignación estatal para escapar apenas de la indigencia a que una pésima y prolongada gestión, política y gremial, lo ha sometido.