Cuando hablamos de democracia aludimos a la idea común y corriente en estos días que confunde, como producto histórico, tres grandes tradiciones: democratismo, republicanismo y liberalismo. Cada una de esas tradiciones trajo sus valores y los fundió en la idea del Estado de Derecho: por orden de aparición histórico, soberanía popular y la regla de la mayoría, el democratismo; división de poderes, bien común, virtud cívica y publicidad de los actos de gobierno, el republicanismo; pluralismo y respeto a libertades y derechos individuales la tradición liberal.
La mejor manera de asegurar esas libertades ha demostrado ser un conjunto de reglas escritas (la Constitución) que debe imponerse por igual a gobernantes y gobernados como un imperativo para racionalizar el poder. El fracaso de todas las aventuras autoritarias y totalitarias demuestra la vigencia insoslayable de la idea de que otorga supremacía al orden jurídico por sobre gobernantes y gobernados.
Lecciones de historia
Quizás la mayor crítica al ideario del Estado de Derecho la haya formulado Carl Schmitt. Con la tremenda crisis que siguió a la derrota alemana en la Primera Guerra mundial como telón de fondo, el jurista alemán sagazmente postula que en la emergencia ninguna autoridad tiene la norma, que es irrelevante el poder del derecho puesto que todo el accionar estatal se reduce, finalmente, a decisiones. La verdadera autoridad la ostenta quien es capaz de ejercerla en un estado de excepción, quien además también impone su propia Constitución.
De insoslayable valor académico, la obra de Schmitt encierra una profunda descalificación de los parlamentos, conceptos que parecen haberse arraigado por estas latitudes en las que la emergencia no es excepción sino regla y las circunstancias de la coyuntura siempre mandan.
La postergación de los órganos legislativos tanto en la valoración de la opinión pública como en el empleo sistemático de los “decisores” decretos de necesidad ha disminuido la necesaria función de control del poder que debería caracterizar a los órganos parlamentarios.
La lección histórica no espera a la vuelta de la esquina. Irremediablemente, cuando no está controlado, el poder se convierte en arbitrario despotismo.
La escasa calidad institucional imperante prueba además que andar a contramano de los dogmas del estado de derecho no trae ninguna mejoría para nuestro sistema político.
