Desde el restablecimiento de la democracia, hecho del que se celebra este año el 25º aniversario, se observa una progresiva transferencia de las facultades de los poderes legislativos hacia los poderes ejecutivos, en nombre de urgencias y de situaciones extraordinarias que -se argumentan- requieren de respuestas inmediatas, que no pueden esperar por los tiempos deliberativos de los parlamentos. Ese proceso de concentración de poder se denomina decisionismo, o democracia delegativa (por oposición a la democracia deliberativa, que postulaba Carlos Santiago Nino), y parece entrampar a la democracia, según la cual no es la voluntad de uno sino la de todos (por medio de sus representantes) la que debe primar. Tanto es así que el politólogo italiano Giovanni Sartori la define como un "gobierno consentido", es decir, un gobierno donde lo que importan son las opiniones, por divergentes que sean, que deben ser consensuadas por los que gobiernan.
"¿Es posible acercar la democracia real al ideal democrático de libertad, igualdad y solidaridad o estamos condenados a formas delegativas y decisionistas de la democracia?", inquiere agudamente, en ese sentido, el filósofo argentino Javier Flax.
En su libro "La democracia atrapada. Una crítica del decisionismo", el profesor de Etica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA plantea que, a un cuarto de siglo de la reimplantación del Estado de derecho, es justamente el Estado el que parece haber perdido capacidad para respetar, promover, proteger y garantizar debidamente una serie de derechos elementales no ya sólo en lo institucional sino fundamentalmente en el plano social. Eso constituye un cuestionamiento concreto que enfrenta la democracia. Eso -aclara él-, sin perder de vista que ella es inconmensurablemente mejor que un régimen dictatorial.
"Avanzar hacia una mayor justicia no es sólo una cuestión de tiempo. Existen obstáculos de diversa índole que lo impiden. Entre ellos se imponen las técnicas decisionistas de dominación, que recurren al pretexto y la excepcionalidad o inestabilidad de una situación para concentrar el poder y ejercerlo con pocos límites y a la medida de los intereses de pocos", sintetiza Flax.
Los argentinos y los tucumanos conocen lo descripto.
Los localismos
En la Nación, el fracasado gobierno de la Alianza introdujo la figura de los "superpoderes" para el Ejecutivo, que fue explotado y profundizado por la gestión de Néstor Kirchner. Consisten en facultar al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias (potestad del Congreso) en nombre de la urgencia con la que deben atenderse cuestiones referidas a la administración del Estado.
Invocando también la necesidad de atender "emergencias o desequelibrios financieros", la Nación remite discrecionalmente a las provincias los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que durante la década menemista fueron usados para financiar campañas electorales.
Precisamente, es el gobierno de Carlos Menem el que aplicó reiteradamente los decretos de necesidades urgencias (con rango constitucional a partir de la reforma de 1994), un recurso excepcional de legislación que se hizo habitual.
Tucumán no es la excepción. Los DNU están incorporados a la Carta Magna local desde la reforma de 2006. Y en el último año de su primer mandato, es decir, entre el 1 de enero y el 28 de octubre de 2007, el gobernador José Alperovich firmó 27 de estos instrumentos legales. Esto equivale a que en esas 300 jornadas fue dictado un DNU cada 11 días.
La contratación de obras y de servicios públicos también ha sido presa del decisionismo. Las obras de Lomas de Tafí, el emblemático emprendimiento habitacional del Gobierno provincial, fueron adjudicadas de manera directa, sin licitación pública, en nombre de que la Nación urgía a la Provincia a iniciar el proyecto, so pena de destinar los fondos a otras provincias. Más recientemente, la Legislatura delegó en el Ejecutivo la negociación de convenios con dos líneas aéreas, aduciendo que el Ente Tucumán Turismo necesita libertad de acción para negociar promociones cuando vea oportunidades favorables. El 3 de julio, además, aprobó sin contar con una rendición de cuentas todo lo actuado y todo lo gastado por el Ejecutivo en la realización de la Cumbre del Mercosur, que había concluido dos días antes, argumentando que la Nación requería con urgencia ese paso para reintegrar fondos.
"Frente a la democracia atrapada por el decisionismo se opone la tradición democrática de la razón pública -advierte Flax-. Si el decisionismo recurre al fantasma del desorden para establecer una dominación política veladamente autoritaria, las concepciones de la razón pública posibilitan la fundamentación del orden político en la construcción de la ciudadanía y de instituciones confiables, orientadas a garantizar y promover los derechos económicos, sociales y culturales".
