Cuarto intermedio con el FMI

Más que un acuerdo con alcances limitados, el que recientemente ha sido suscripto con el Fondo Monetario Internacional constituye un cuarto intermedio en el largo debate que periódicamente deja en evidencia la incapacidad de gobiernos sucesivos para conformar un proyecto económico sustentable en el tiempo. Desde hace una década, el 60% de los convenios con organismos multilaterales de crédito tuvo por destino financiar déficits fiscales, en el caso del FMI, y proyectos sociales o de desarrollo sin ejecución posterior que los dejó sin efecto.
Los acuerdos con el Fondo Monetario alcanzan una trascendencia política significativa de la que carecen los suscriptos con otros organismos, pues no sólo representan créditos para restablecer desequilibrios fiscales, sino testimonios de solvencia y confianza que benefician al país receptor ante la comunidad internacional.
En esta ocasión, sin embargo, se ha tratado de un convenio limitado -cuya oficialización por el directorio se aguarda en lo inmediato-, pues no implica préstamo en efectivo, sino una moratoria por ocho meses de deudas por vencer con el FMI y otros organismos, que ascienden a 11.000 millones de dólares..
Las restricciones de ese acuerdo lo limitan, en consecuencia, a constituir una ayuda fundamentalmente política para que el gobierno de transición -o de emergencia, como prefiere señalar el presidente Duhalde- pueda llevar a buen puerto el calendario electoral.
Consecuentemente, será la futura administración la que deba encarar con el organismo el acuerdo de "stand by" que no pudo lograrse por carecer el país de un proyecto económico estable con suficiente apoyo político. A la firma de ese convenio se llegó, por lo demás, sin que el Gobierno contase con apoyo alguno por parte de los precandidatos presidenciales -inclusive de su propio partido-, algo que acaba de señalar el Presidente para justificar sus alcances, pasando por alto el reciente ejemplo positivo de Brasil.
Sin embargo, posteriormente, los aspirantes al futuro gobierno han observado con mayor o menor satisfacción ese acuerdo protector del proceso electoral. Pero no bastará con ello para quien asuma el poder el 25 de mayo, pues dispondrá apenas de tres meses para acordar un convenio prolongado y completo de "stand by" que no sólo extienda el plazo de los vencimientos con el FMI, sino que permita obtener fondos frescos y renegociar la deuda pública en situación de default desde hace poco más de un año. Todo ello, como se ha reiterado a lo largo de controvertidas negociaciones, condicionado por un plan económico sustentable.
Esa condición requiere una variedad de temas ineludibles sobre los que se desenvuelven las economías más ordenadas de la comunidad internacional, más allá de las tendencias políticas de los partidos que ejercen el poder, como puede observarse en la Unión Europea. Se trata esencialmente de alcanzar y mantener un grado aceptable de disciplina monetaria, equilibrio fiscal y estabilidad tributaria, así como seguridad para los derechos de propiedad, además de la reforma del Estado.
Todos esos puntos han sido incumplidos en el país por sucesivos gobiernos desde tiempo inmemorial, pero en la era globalizadora han pasado a ser cuestiones ineludibles para compartir con éxito la comunidad internacional. Es hora ya de que los precandidatos presidenciales y quienes los secundan en sus campañas definan qué harán al respecto para hacer frente a la pesada deuda de responsabilidad histórica que ha provocado la decadencia de la República y ha sumido en vergonzosa situación a la sociedad más próspera de Latinoamérica.
Cansados de estériles disputas, los argentinos aguardan proyectos y compromisos de los postulantes al poder, renuentes hasta ahora a recuperar la imprescindible dignidad de la clase política.