Oscuro relevo en el PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -PAMI- que cuenta con 3.156.286 afiliados, es una institución estatal autónoma que nació hace tres décadas y cuya administración fue atribuida a sus beneficiarios. Convertida en la mayor obra social del país, su conformación fue en su momento ejemplo de originalidad y eficiencia, observado con particular interés en el exterior. Con dichas condiciones, y con el financiamiento por los sectores laborales a través de la recaudación estatal, el PAMI no pudo quedar ausente de las peripecias políticas de 30 años, que hicieron del mismo un objetivo de sucesivos gobiernos e intereses.
De todo ello dan testimonios las sucesivas intervenciones que condicionaron o suspendieron la gestión de sus beneficiarios, afectaron los ingresos hasta provocar deudas millonarias y descalificaron sus servicios específicos, fundamentalmente organizados mediante capacidad técnica contratada. El PAMI fue así, durante la mayor parte de su existencia, cautivo de intereses políticos que, para colmo de desdichas, dieron lugar a una excepcional carga burocrática.
La última intervención, decidida por el actual gobierno y a cargo de José Corchuelo Blasco, llegó con el propósito de reordenar la institución para devolverla a sus beneficiarios. Ello ha ocurrido finalmente con la elección indirecta por los afiliados de 108 consejeros que, por su parte, designaron a siete representantes de otras tantas regiones del país.
Estos últimos convalidaron posteriormente la designación por el Presidente de la Nación del titular de ese directorio, y se espera otro nombramiento con el mismo origen para ocupar funciones de vicepresidente.Por primera vez en treinta años, los afiliados a la mayor obra social pudieron votar. Mas, a muy poco de hacerlo, el ombudsman porteño de la Tercera Edad ha cuestionado severamente dichos comicios: los calificó de ilegítimos por diversas irregularidades; especialmente, el hecho de que concurriera a las urnas -en todo el país- algo menos del diez por ciento del padrón de afiliados, de los que algunos -según el funcionario- solicitaron su impugnación.
También observa el ombudsman la reiterada presencia en el flamante directorio de los dos representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) que a lo largo de sucesivas intervenciones han mantenido sus cargos bajo esa sombra política protectora, a pesar de los numerosos cambios de gobiernos.
Las dos situaciones mencionadas no son únicas, pues igualmente aparecen dos directores más con patrocinios políticos suficientes para integrar el órgano máximo después de la elección indirecta que no promete cambiar demasiado la orientación del PAMI. Por parte del Poder Ejecutivo puede también advertirse que esas urnas tan retaceadas por la apatía de la gran mayoría de afiliados, no han servido para poner fin al pernicioso estilo de vincular políticamente a la institución con los poderes de turno.
En ese sentido y más allá de las condiciones específicas que pueda reunir el nuevo presidente del directorio -que llega desde un cargo estatal tras ocupar otras funciones públicas con el duhaldismo y el no menos significativo hecho de haber sido médico de familia del doctor Eduardo Duhalde-, su nombramiento directo por el jefe de Estado no es una referencia que contribuya a la necesidad de recuperar la autonomía del PAMI.
Mucho menos su alejamiento de los factores político-partidarios que hicieron de la gran obra social un ejemplo lamentable de manipulaciones comiteriles en tantas ocasiones denunciadas y que fueron causa del grave deterioro que enfrenta la institución.
Si las elecciones indirectas con tan minoritario concurso pueden haber sido afectadas por su pobre promoción, ese nombramiento en la cúspide constituye sin duda otro testimonio de que en la transición institucional perduran viejos vicios de los que el PAMI y sus beneficiarios fueron víctimas reiteradas.