Una renovación sin realismo

La situación política nacional aparece nuevamente encaminada hacia la integración de un frente político o alianza, alternativa sobre la que el país acumula sobrada experiencia desde la Unión Democrática hasta la reciente Alianza. A diferencia de esos testimonios mayores del pasado, el actual proyecto es una iniciativa del Gobierno, con la singularidad mayor de tener como causa y espacio la notoria división que se produce en el partido oficialista. Las coaliciones políticas para compartir poderes ejecutivos son frecuentes en los sistemas parlamentarios, modelo institucional que requiere una profunda maduración histórica de la sociedad y de sus organizaciones intermedias representativas.
En los regímenes presidencialistas las coaliciones interpartidarias o programáticas para integrar gobiernos son muy excepcionales y requieren coincidencias ideológicas y programáticas que condicionan las de sus partidos constituyentes. Nuestra historia moderna evidencia, por otra parte, que esos frentes para acceder al gobierno han sido fundamentalmente opositores, antes que proponentes de programas concretos para encarar procesos creativos para el país y la sociedad.
Esa fue la finalidad de la Unión Democrática, que reunió a partidos inconciliables doctrinariamente, tratando de impedir el triunfo electoral del naciente peronismo. Otro tanto, con ligeras variantes, fue la reciente experiencia de la Alianza que, si bien pudo acceder al gobierno, demostró a poco andar su inconsistencia programática.
El nuevo intento aparece hasta el momento sin límites precisos de sus alcances. El Presidente -su máximo promotor- ha precisado que la finalidad es promover la renovación de las dirigencias políticas, pero los primeros hechos con ese enunciado se están concretando en el marco de la disputa partidaria que lo enfrenta a otro gran sector del justicialismo. Si la iniciativa renovadora no trasciende del espacio referido, se tratará de una ficción con el fin exclusivo de resolver la confrontación por el monopolio partidario que mantienen Eduardo Duhalde y Carlos Menem, pasando por encima de la carta orgánica y, si es preciso, hasta de la propia Constitución. Sin embargo, se han insinuado gestiones o intentos de acercar a figuras extrapartidarias que, por el momento, no han demostrado mayor interés o contradicen el invocado principio renovador de dicha estrategia. Si la renovación debe entenderse como el alejamiento de figuras políticas no comprometidas con la crisis que vive la Nación, debe reconocerse que el concepto ha sido mal interpretado por sus promotores. Mucho más errado es el término si de lo que se trata es de un relevo generacional, pues tanto en uno como en otro bando de los sectores en disputa conviven dirigentes alcanzados por ambas condiciones descalificantes.
La pretensión de una causa renovadora como la anunciada está, por lo demás, bastante alejada de la realidad que, a poco más de tres meses de las elecciones, ofrecen los dos mayores partidos del país, cuyas fracturas de hecho y crisis de sus cuadros directivos no permiten garantizar coalición alguna, capaz de constituir un futuro gobierno con sólida base política. Esta proyección del futuro inmediato no puede ser ignorada por los promotores de una iniciativa que debió partir oportunamente de la eliminación del gran obstáculo que impide una genuina renovación; es decir, la reforma en profundidad del sistema representativo para poner fin al profesionalismo político encarnado en la partidocracia. Si el respeto del calendario electoral es un compromiso irrenunciable del poder, debe aceptarse que esa reforma ya no es posible antes de las urnas.
La única alternativa pasa en tal caso por la exigencia ineludible de deponer intransigencias personales que, como acaba de señalar la Mesa Ampliada del Diálogo Argentino, ponen en peligro el proceso eleccionario, base de la convivencia democrática.