Una nueva bofetada

Las dos primeras semanas de 2003 no fueron precisamente auspiciosas para Tucumán. La primera bofetada del año fue el veto presidencial en su totalidad de la ley Nº 25.715 de protección del azúcar. Las declaraciones del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, sobre la decisión del Gobierno de vetar la norma que hubiera protegido a este sector de las importaciones brasileñas, no hicieron más que crear una mayor preocupación entre los industriales de Tucumán, Salta y Jujuy, los mayores productores del país. El funcionario nacional dijo que la producción argentina seguirá protegida hasta 2005 por el último acuerdo suscripto con los socios del Mercosur. Atanasof opinó que legislar para disponer aranceles podría ir en contra del acuerdo de Asunción, en la última reunión del Mercosur.
Como si este revés a las ya declinantes economías regionales -y en particular, la nuestra- fuese poco, el nuevo veto del presidente Duhalde a varios artículos de la Ley de Presupuesto 2003 pone en peligro a las obras públicas previstas para Tucumán durante este año. La medida deja sin chance la continuidad del proyecto de recuperación de la ruta 157 e impedirá la construcción de los tramos Concepción-Aguilares, Aguilares-Alberdi, y Famaillá-Campo de Herrera de la nueva traza de la ruta nacional 38.
El veto de Duhalde elimina el artículo 14 que establecía una limitación para que el Tesoro pudiera disponer de los fondos fiduciarios, y por la necesidad de cumplir con una rebaja de gastos de $ 1.000 millones de pesos en 2003.
El recorte comenzará por el Fondo Fiduciario de Infraestructura, el cual garantizaba recursos para concretar las obras programadas. La Argentina debía cumplir con su contraparte para recibir el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); algo que hasta el momento no se concretó y que ahora será de cumplimiento prácticamente imposible.
La ruta nacional 157 parece condenada a convertirse en un perdido camino de tierra del este tucumano. Esto afecta a decenas de comunidades intercomunicadas por la autovía desde Monteagudo hasta García Fernández. En épocas de lluvias quedan aisladas al profundizarse los inconvenientes que arrastra la red vial. La circulación de los transportes de carga se deriva a la ruta 9 o a la 38. Los ómnibus dejan de circular y se complica la salida de algunas producciones de la zona. Se estima que este drama castiga a más de 5.000 habitantes de Monteagudo, Atahona, Güemes, Pampa Mayo y de la misma ciudad de Simoca.
La decisión presidencial no deja de causar inquietud porque las obras del nuevo puente Lucas Córdoba se encuentran en su tramo, y si se paralizan nuevamente, los tucumanos sufrirán otra frustración.
Como se sabe, el progreso económico y social está íntimamente ligado al desarrollo vial, porque el buen estado de las rutas y caminos es uno de los principales factores que evalúan los inversores a la hora de arraigarse en un lugar.
No deja de sorprender y de alarmar la pasividad que ha demostrado hasta el momento el Gobierno provincial en temas de vital importancia para la provincia. El acercamiento a Duhalde que ha tenido la gestión de Julio Miranda por cuestiones electorales y partidarias, no ha sido hasta ahora beneficioso para Tucumán. Todo lo contrario. Tardíamente, el PE se puso al frente de las gestiones para impedir el veto de la ley del azúcar y, hasta el momento, no ha reaccionado frente a esta nueva bofetada a los intereses tucumanos.
Mientras el Gobierno está dedicado a resolver la interna partidaria, la economía provincial continúa hundiéndose; la desocupación y la desnutrición infantil cunden y la inseguridad se incrementa. Si no se reacciona a tiempo, no sólo corremos el riesgo de continuar siendo sinónimo de malas noticias para el mundo, sino que este "Jardín" alguna vez próspero será sólo un recuerdo.