La palabra del Presidente

La palabra del Presidente es la voz oficial del Estado y, en consecuencia, debe estar prestigiada por su autoridad, concebida esta como la investidura ética y moral de su persona. Los azares de la transición y las promesas ligeras han causado daño a la credibilidad del doctor Eduardo Duhalde, cuyo compromiso de no intervenir en la competencia eleccionaria se halla fuertemente cuestionado. Pero no sólo eso, sino que hasta el propio calendario electoral que debe poner fin a la emergencia institucional ha sido alcanzado por la incertidumbre provocada por maniobras y declaraciones de legisladores oficialistas y dirigentes próximos al jefe del Gobierno nacional que promueven su postulación presidencial.
Hace ya cuatro meses que Duhalde encabezó una nómina oficial de renunciamientos a postulaciones en los próximos comicios; se agregó posteriormente su compromiso de abandonar la Presidencia, formalizado por el Congreso. Por lo demás, esa decisión fue públicamente reiterada en múltiples declaraciones, pero tácitamente desmentida por la insistente campaña de aquellos allegados cuyo silencio nadie impone.
Es lógico, en consecuencia, que la credibilidad presidencial siga estando fuertemente afectada; mucho más si a la circunstancia señalada se agregan las ostensibles manipulaciones para lograr un resultado electoral a medida de las inquietudes oficiales.
Tal empeño, claramente identificado con el doctor Duhalde y la estructura justicialista de la provincia de Buenos Aires, ha provocado una dura confrontación partidaria, a la vez que una confusión del Gobierno con el partido y sus problemas, contrariando gravemente el sentido de la transición institucional.
Un testimonio concluyente de esa situación que hoy impera en el país es el acuerdo al que finalmente se espera llegar en estos días con el Fondo Monetario Internacional, de reducido alcance temporal y poco más que una recomposición de vencimientos de las deudas con el organismo.
Por contraste, basta señalar que antes de las elecciones de Brasil, que anticipaban grandes cambios en la orientación gubernamental, el FMI suscribió un amplio acuerdo por tres años y 30.000 millones de dólares que contó con el compromiso de continuidad de todos los sectores con posibilidades de acceder al poder. La realidad argentina, caracterizada por la fragilidad de las relaciones políticas, hasta el punto de afectar la integridad del partido oficialista, ha condicionado los márgenes de confianza de ese acuerdo necesario para la marcha del futuro gobierno. La palabra del presidente Duhalde, a pesar de su enfática reiteración voluntarista de no sucederse a sí mismo y mantener las etapas y fechas previstas por el calendario electoral, ha seguido afectada por las fundadas reservas que provocan sus renovados esfuerzos por promover a un candidato que represente a su concepción del futuro gobierno.
Ello ya sería perturbador del sentido de la transición si tal búsqueda de heredero comprendiese a todo el espectro político; mas la situación se agrava por tratarse del exclusivo espacio partidario en que milita el jefe del Gobierno nacional.
El interrogante es hasta qué limites puede llegar tan obstinada decisión, después de haberse observado la facilidad con que se vulneran prescripciones constitucionales, afectando invariablemente la credibilidad pública. En este caso, son también portavoces de ese juego por la conservación del poder, funcionarios del propio Gobierno, inadvertidos de las consecuencias que sus reiteradas opiniones provocan sobre la supuesta verdad oficial.
Todo lo que se trate de estimular o promover desde la investidura presidencial marginando la ética que impone la transición, constituye un grave error, pues representa una intromisión del Estado en el libre ejercicio de la voluntad popular.
El deseable relevo generacional, al que tardíamente se invoca como nuevo recurso manipulador, debió tener cauces más adecuados y oportunos en la reforma política, nuevamente frustrada a pesar de las promesas.