21 Agosto 2008 Seguir en 
Buenos Aires.- Un grupo especial compuesto por policías de distintas ámbitos y personal de la Gendarmería Nacional fue conformado con el fin de investigar las alternativas que se esconden detrás del triple crimen de los empresarios en General Rodríguez. Asimismo, tendrán bajo su tutela el filtro de la información que será difundida en los medios, dado la cantidad de elementos que se deben seguir en torno, sobre todo, a Sebastián Forza, el presunto blanco principal del asesinato.
En una primera etapa, este grupo se encargaría de buscar conexiones entre Forza y las otras dos víctimas, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, y establecer el probable recorrido que tuvieron aquel jueves que terminó con su desaparición. Otra de las preocupaciones es saber, en el caso de que hayan sido asesinados 48 horas antes de su hallazgo en un descampado de General Rodríguez, dónde estuvieron cautivos y el móvil que habría desencadenado esta masacre.
Este nuevo grupo de la Policía Federal y la Gendarmería también buscará los $ 150.000 que Forza -dueño de una droguería- tenía ahorrados y que luego del crimen no han sido encontrados. Asimismo, al margen del Peugeot 307 hallado con las llaves puestas en el barrio de Constitución, se trata de determinar qué pasó con un Renault Megane y un Mazda, que también eran propiedad de Forza.
A una semana de la aparición de los cuerpos, los cañones de los pesquisas continúan apuntando a una vinculación con la relación de al menos una de las víctimas con el tráfico de efedrina y suministros para elaborar estupefacientes. El Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, había confirmado que los empresarios eran investigados "por sus actividades relacionadas a algún precursor químico".
Estudios más exhaustivos realizados a los cuerpos de los tres empresarios asesinados en la localidad bonaerense de General Rodríguez sembraron nuevas dudas entre los investigadores, en especial sobre las últimas horas de vida de las víctimas.
Si bien no se suministraron muchos detalles de las pericias efectuadas a cada una de las víctimas, se supo que a una de ellas le faltaba una oreja, y se intenta determinar ahora si fue producto del accionar de algún animal o bien había sido cortada por los asesinos, en lo que podría considerarse como otro "mensaje".
Ayer, legisladores de la Coalición Cívica le pidieron a la Justicia federal que investigue el aporte de empresas privadas, en su mayoría del sector de la salud, a la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia, en octubre de 2007.
La presentación fue realizada luego de conocerse que Forza, titular de la empresa Seacamp S.A. había sido aportante de $ 200.000 pesos para la campaña del Gobierno. Según la denuncia del partido de Elisa Carrió, Forza tenía "múltiples vinculaciones con el Estado Nacional, pese a su insuficiente solvencia patrimonial y a diversos reclamos judiciales en su contra".
Según la presentación de los legisladores Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui ante el juez federal Ariel Lijo, "el binomio Cristina Kirchner - Julio Cobos, percibió $ 14.947.390,06 en concepto de ingresos totales en la campaña 2007, de los cuales $ 1.637.388 fueron aportes públicos y $ 12.740.000, privados". (NA-DyN-Télam)
En una primera etapa, este grupo se encargaría de buscar conexiones entre Forza y las otras dos víctimas, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, y establecer el probable recorrido que tuvieron aquel jueves que terminó con su desaparición. Otra de las preocupaciones es saber, en el caso de que hayan sido asesinados 48 horas antes de su hallazgo en un descampado de General Rodríguez, dónde estuvieron cautivos y el móvil que habría desencadenado esta masacre.
Este nuevo grupo de la Policía Federal y la Gendarmería también buscará los $ 150.000 que Forza -dueño de una droguería- tenía ahorrados y que luego del crimen no han sido encontrados. Asimismo, al margen del Peugeot 307 hallado con las llaves puestas en el barrio de Constitución, se trata de determinar qué pasó con un Renault Megane y un Mazda, que también eran propiedad de Forza.
A una semana de la aparición de los cuerpos, los cañones de los pesquisas continúan apuntando a una vinculación con la relación de al menos una de las víctimas con el tráfico de efedrina y suministros para elaborar estupefacientes. El Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, había confirmado que los empresarios eran investigados "por sus actividades relacionadas a algún precursor químico".
Estudios más exhaustivos realizados a los cuerpos de los tres empresarios asesinados en la localidad bonaerense de General Rodríguez sembraron nuevas dudas entre los investigadores, en especial sobre las últimas horas de vida de las víctimas.
Si bien no se suministraron muchos detalles de las pericias efectuadas a cada una de las víctimas, se supo que a una de ellas le faltaba una oreja, y se intenta determinar ahora si fue producto del accionar de algún animal o bien había sido cortada por los asesinos, en lo que podría considerarse como otro "mensaje".
Ayer, legisladores de la Coalición Cívica le pidieron a la Justicia federal que investigue el aporte de empresas privadas, en su mayoría del sector de la salud, a la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia, en octubre de 2007.
La presentación fue realizada luego de conocerse que Forza, titular de la empresa Seacamp S.A. había sido aportante de $ 200.000 pesos para la campaña del Gobierno. Según la denuncia del partido de Elisa Carrió, Forza tenía "múltiples vinculaciones con el Estado Nacional, pese a su insuficiente solvencia patrimonial y a diversos reclamos judiciales en su contra".
Según la presentación de los legisladores Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui ante el juez federal Ariel Lijo, "el binomio Cristina Kirchner - Julio Cobos, percibió $ 14.947.390,06 en concepto de ingresos totales en la campaña 2007, de los cuales $ 1.637.388 fueron aportes públicos y $ 12.740.000, privados". (NA-DyN-Télam)







