10 Enero 2003 Seguir en 
En una familia, los padres deben velar por el sustento, la educación y el desarrollo de sus hijos. La relación entre hermanos, si está basada en la comunicación, la reciprocidad y fundamentalmente en el amor y en el respeto, puede ser armoniosa en los asuntos esenciales de la vida hasta el final de sus días. Los buenos padres se ocupan principalmente de sus hijos, sin que ello les impida tenderle una mano fraterna al prójimo. Pero una familia no vive sola. Existen vecinos o amigos que comparten una misma actitud de vida, pensamientos parecidos, así como alegrías y desdichas. Por extensión, se los llama hermanos en el afecto y ello implica una relación de solidaridad mutua. El conflicto puede originarse cuando un vecino o un amigo en el afecto quiere imponer sus intereses sobre una familia haciendo peligrar la subsistencia de esta.
Por raíces, por historia, por cultura, por un similar estado de dependencia económica, la Argentina forma parte de Latinoamérica. Por una necesidad de unir intereses comunes para hacer frente al avasallante poder económico internacional y por una cuestión geopolítica, hace pocos años nació el Mercosur (Mercado Común del Sur), bloque integrado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Este hermanazgo de doloroso parto enfrentó y sobrelleva fricciones en materia de aranceles y subsidios que protegen determinados productos, especialmente en Brasil y Argentina.
Como se sabe, Brasil es uno de los grandes productores de azúcar del mundo y presiona desde hace tiempo para que nuestro país derribe la modesta barrera arancelaria de un 20% a la importación de ese producto. Paradójicamente, esa industria brasileña está subsidiada para fomentar la producción de alconafta.
Jujuy, Salta y Tucumán, los principales productores de la Argentina, se verían notablemente perjudicados si se eliminara la protección y los industriales podrían llegar a la quiebra porque jamás podrían competir con el poderoso hermano brasileño. Ello también implicaría destruir la economía del NOA, que está atada al azúcar en una parte esencial.
El Congreso nacional sancionó el 29 de noviembre pasado la Ley de Protección del Azúcar. La norma, que lleva el número 25.715, mantiene la protección arancelaria establecida en el decreto 797 -de la época del ex ministro Machinea, en 2000-, que señala que estas disposiciones sólo podrán ser suprimidas a través de otra ley nacional. Esto implicaba, entre otras cosas, una mayor estabilidad para efectuar inversiones en la actividad.
Siempre coherente en la defensa de sus intereses, Brasil siguió presionando hasta lograr que el presidente Duhalde vete la ley sancionada, como sucedió el miércoles. En la antesala de su decisión, el mandatario argentino había argumentado que el azúcar tuvo un alza del 200% y que afectaba la canasta familiar. Según los industriales norteños, el incremento fue del 120% y el precio se mantuvo estable en los últimos tres meses.
Pese al veto presidencial, la batalla azucarera no está totalmente perdida. Si el Congreso nacional insiste en la ley 25.715, esta quedará vigente. Esto quiere decir que nuestros legisladores nacionales tienen ahora la obligación de unirse con sus pares norteños y empujar en bloque para lograr el consenso necesario, de tal modo que el Congreso insista en la sanción de la norma.
En la última década, la clase gobernante vendió prácticamente el país con el argumento de que las empresas del Estado daban cuantiosas pérdidas, en lugar de combatir con firmeza la corrupción. Se destruyó así la industria nacional y pasamos a depender de la beneficencia internacional interesada. No se gobernó para lograr el bienestar de los argentinos, sino para los amigos y para pagar la deuda externa que nuestros mismos gobernantes crearon y que los argentinos permitimos con el silencio, la indiferencia o la ausencia de participación en las cosas públicas.
El veto de Duhalde prioriza una vez más en nuestra historia los intereses de los hermanos en el afecto sobre aquellos que llevan la misma sangre. Es hora de que defendamos lo poco que nos queda porque si no lo hacemos, no sólo el azúcar se volverá amarga, sino también nuestro destino.
Por raíces, por historia, por cultura, por un similar estado de dependencia económica, la Argentina forma parte de Latinoamérica. Por una necesidad de unir intereses comunes para hacer frente al avasallante poder económico internacional y por una cuestión geopolítica, hace pocos años nació el Mercosur (Mercado Común del Sur), bloque integrado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Este hermanazgo de doloroso parto enfrentó y sobrelleva fricciones en materia de aranceles y subsidios que protegen determinados productos, especialmente en Brasil y Argentina.
Como se sabe, Brasil es uno de los grandes productores de azúcar del mundo y presiona desde hace tiempo para que nuestro país derribe la modesta barrera arancelaria de un 20% a la importación de ese producto. Paradójicamente, esa industria brasileña está subsidiada para fomentar la producción de alconafta.
Jujuy, Salta y Tucumán, los principales productores de la Argentina, se verían notablemente perjudicados si se eliminara la protección y los industriales podrían llegar a la quiebra porque jamás podrían competir con el poderoso hermano brasileño. Ello también implicaría destruir la economía del NOA, que está atada al azúcar en una parte esencial.
El Congreso nacional sancionó el 29 de noviembre pasado la Ley de Protección del Azúcar. La norma, que lleva el número 25.715, mantiene la protección arancelaria establecida en el decreto 797 -de la época del ex ministro Machinea, en 2000-, que señala que estas disposiciones sólo podrán ser suprimidas a través de otra ley nacional. Esto implicaba, entre otras cosas, una mayor estabilidad para efectuar inversiones en la actividad.
Siempre coherente en la defensa de sus intereses, Brasil siguió presionando hasta lograr que el presidente Duhalde vete la ley sancionada, como sucedió el miércoles. En la antesala de su decisión, el mandatario argentino había argumentado que el azúcar tuvo un alza del 200% y que afectaba la canasta familiar. Según los industriales norteños, el incremento fue del 120% y el precio se mantuvo estable en los últimos tres meses.
Pese al veto presidencial, la batalla azucarera no está totalmente perdida. Si el Congreso nacional insiste en la ley 25.715, esta quedará vigente. Esto quiere decir que nuestros legisladores nacionales tienen ahora la obligación de unirse con sus pares norteños y empujar en bloque para lograr el consenso necesario, de tal modo que el Congreso insista en la sanción de la norma.
En la última década, la clase gobernante vendió prácticamente el país con el argumento de que las empresas del Estado daban cuantiosas pérdidas, en lugar de combatir con firmeza la corrupción. Se destruyó así la industria nacional y pasamos a depender de la beneficencia internacional interesada. No se gobernó para lograr el bienestar de los argentinos, sino para los amigos y para pagar la deuda externa que nuestros mismos gobernantes crearon y que los argentinos permitimos con el silencio, la indiferencia o la ausencia de participación en las cosas públicas.
El veto de Duhalde prioriza una vez más en nuestra historia los intereses de los hermanos en el afecto sobre aquellos que llevan la misma sangre. Es hora de que defendamos lo poco que nos queda porque si no lo hacemos, no sólo el azúcar se volverá amarga, sino también nuestro destino.







