Los países maduros se distinguen por desarrollar diplomacias con intereses permanentes. La variación de signo político no altera esa realidad. En América del Sur, Brasil y Chile son dos exponentes clásicos de esa percepción de sus intereses. La llegada al poder de Luiz Inácio da Silva en Brasil confirmó esa línea estratégica en un caso que toca los intereses vitales del Noroeste argentino.
El embajador brasileño en el Mercosur, José Botafogo Gonçalves, ya en la era de "Lula", renovó la presión contra la ley protectora del azúcar ante el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna. Eso ocurrió casi simultáneamente con la entrevista que industriales, sindicalistas, cañeros y representantes políticos mantuvieron con el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, en Buenos Aires. La tarde del martes se llenó de presagios fatídicos. Según Atanasof y el propio gobernador Julio Miranda, es Lavagna quien impulsa el veto a la legislación sancionada por el Congreso, entre octubre y noviembre de 2002. En realidad, esta sólo pretendía dar mayor estabilidad a una resolución que data de la gestión de José Luis Machinea. En 2000, el ministro de Economía de la Alianza fue el nervio del veto a una ley que resguardaba indefinidamente al azúcar argentino de la competencia brasileña. Y la sustituyó entonces por una disposición de menor jerarquía jurídica, pero que, de todos modos, erigía una barrera arancelaria del 20%. Con este instrumento se acallaba el descontento de los legisladores y de las regiones productoras. El embajador Botafogo Gonçalves admitía que estaba satisfecho con el paso dado por Machinea porque una resolución se podía anular de un plumazo. Brasil persigue el arancel cero para el azúcar en el bloque regional. El ahora representante diplomático de "Lula" planteaba entonces: "cualquier propuesta que prevea la no entrada del azúcar en el Mercosur no será aceptada". Del lado argentino sistemáticamente se argumentó que la industria brasileña está subsidiada para fomentar la producción de alconafta. Fernando de la Rúa se fue y el problema azucarero lo reflotó Eduardo Duhalde, so pretexto del alza del 200% del precio del producto. La industria lo refutó al cuantificar que la magnitud de la suba alcanzó el 120%, y que el precio se mantuvo estable en los últimos tres meses. En los medios empresarios y políticos se sospechaba que tras la pantalla de la canasta familiar se escondía otra cuestión. La presunción se confirmó el martes pasado, cuando Atanasof reveló la verdad. El veto que Duhalde firmó ayer es un serio revés para el Norte argentino. A los senadores de Tucumán (Pablo Walter, Malvina Seguí y José Alperovich), Salta, Jujuy y Santa Fe les tocará mover piezas políticas y parlamentarias, por ser los autores de la Ley 25.715. La preservación de la precaria economía de Tucumán y del NOA es un objetivo permanente.
