La polémica por los candidatos descalificados llegó al Parlasur

CARACAS.- Las diputadas del Parlamento del Mercosur (Parlasur) Adriana Peña, de Uruguay, y Mirta Palacios, de Paraguay, lamentaron ayer no haber sido recibidas por el gobierno venezolano para hablar sobre las inhabilitaciones políticas y afirmaron que se llevan una visión negativa del tema.
Ambas integran la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur y sostuvieron encuentros en Caracas con constitucionalistas, representantes de los partidos políticos de oposición, candidatos inhabilitados y miembros del movimiento estudiantil, en los que se trató el tema de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría contra casi 300 candidatos para las elecciones regionales de noviembre.
Peña aclaró que la comisión parlamentaria que preside no está sesionando en Venezuela, sino que ellas decidieron acudir al país para conocer más sobre las inhabilitaciones políticas y luego presentar un informe ante la instancia legislativa del Mercosur. Según el titular del Parlasur, Florisvaldo Fier, se trata de una gestión “a título personal”, por lo que adelantó que el cuerpo que preside no toma posición al respecto. Además, Peña fue acusada por fuentes del gobierno de Hugo Chávez de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, como dijo el gobierno. “Lo único que hacemos es cumplir con los reglamentos y requisitos del Mercosur. Si Venezuela quiere ingresar al parlamento del bloque debe cumplir con todas las reglamentaciones, como la de ostentar la democracia plena, y eso es lo que queremos verificar”, dijo antes de viajar a Bolivia, donde participará como observadora del referendo del domingo.
Palacios se quedará en Venezuela hasta mañana, a la espera de una audiencia con alguna autoridad. “No queremos irnos con las manos vacías; se han violado ciertos derechos, pero sin escuchar a las dos partes es difícil sacar una conclusión al respecto”, expresó.

Amigas de opositores
Peña y Palacios llegaron el miércoles a Caracas. La directiva de la Asamblea Nacional les advirtió que su arribo sólo podía darse en calidad de “visitantes a sus amigos de la oposición” y que no aceptarían que se inmiscuyeran en los asuntos internos de Venezuela. Poco después solicitó al Parlasur que se sancione a las legisladoras.
En el centro de esta polémica se encuentra la decisión de la Contraloría de inhabilitar a los funcionarios que aspiran a presentarse en comicios alegando supuestos manejos oscuros de fondos públicos. Los afectados le niegan potestad a la Contraloría para tomar tales decisiones, y dicen que sólo pueden ver limitados sus derechos mediante sentencia de un tribunal, cuando se trata de asuntos públicos. Pero la Corte Suprema de Justicia respaldó la resolución de la Contraloría. (DPA)