El aciago modelo de la emergencia

Las declaraciones de emergencia han constituido durante décadas un modelo preferente de la política argentina para tomar rumbos de incertidumbre al margen de la seguridad institucional. No solamente los golpes de Estado, que a partir de 1930 suspendieron en forma reiterada la vigencia de la Constitución; también las decisiones de no pocos gobiernos constitucionales que apelaron a esa figura de irregularidad para escapar del orden jurídico ante problemas que no podían resolver afectaron severamente la confianza interna y externa en el país.
Los más contundentes e inmediatos ejemplos desde la restauración democrática de 1983 han sido la sucesión anticipada del presidente Raúl Alfonsín por su sucesor constitucional, Carlos Menem -mediante una reforma de la Ley de Acefalía que permitió disimular la reducción del período presidencial- y la forma confusa e incierta con que todavía se pretende ordenar la sucesión de Fernando de la Rúa, ignorando de nuevo la precisa doctrina de la Ley Suprema.
La declaración de emergencia fue invocada igualmente por el actual gobierno de transición para la pesificación forzosa de los depósitos bancarios, con la consiguiente devaluación, violando el derecho de propiedad, y a la misma alternativa irregular se acaba de recurrir al pretender imponer un régimen de lemas para la elección presidencial, "por única vez", para tratar de superar las disputas internas del partido oficialista.
Más allá de la dudosa suerte que esta última variante del conflicto justicialista pueda tener, lo cierto es que el camino intentado es el del modelo de la emergencia con el que el país se acostumbró a convivir durante generaciones, y del que sus dirigencias políticas siguen practicando no sólo uso abusivo, sino un estilo de gestión que degrada la confianza en sus decisiones.
Muestra de ello son las frecuentes propuestas que muchos de esos dirigentes formulan de tanto en tanto desde sus tribunas o sus bancas legislativas, cuando no desde cargos públicos ejecutivos, ignorando claros principios constitucionales mediante la recurrente apelación a la emergencia. Ya sea por incapacidad para la función pública, por cultivar sin limitaciones el clientelismo político o por responder a requerimientos partidarios, esos comportamientos han contribuido decisivamente al descrédito del Estado, promoviendo entre la sociedad actitudes irregulares para la defensa de sus genuinos intereses.
El cacerolazo representa el símbolo de la réplica a esa fragilidad de la seguridad jurídica, y la impunidad con que el desorden vulnera legítimos derechos es el fruto de una crisis de autoridad provocada por la incertidumbre de la emergencia.
El rápido fracaso -a 24 horas de gestarse- del acuerdo entre los grandes rivales de la interna justicialista debería haber puesto fin al nuevo intento de apelar el ominoso recurso de la excepción. Sin embargo, mucho indica que tras este ha comenzado a generarse una nueva alternativa irregular para eludir no sólo el cauce constitucional, sino el propio orden legal dispuesto por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, que establece el calendario electoral promulgado recientemente.
Esa posibilidad se afirma una vez más mediante iniciativas promovidas públicamente por legisladores cercanos al presidente Eduardo Duhalde, ante cuyas supuestas indiscreciones el jefe del gobierno nacional reitera su compromiso de renunciar a la primera magistratura el 25 de mayo próximo.
De nuevo el fantasma de la verdad a medias y el de la transición sin final previsto amenazan la seguridad política, sin que por ello se advierta mayor preocupación oficialista por respetar los cauces constitucionales.
La emergencia, que tanto le cuesta abandonar a la actividad económica del país, sigue siendo el modelo recurrente para alumbrar la sucesión política, sin advertir que puede debilitar la base institucional del futuro poder gubernamental.