Con la venta de 17 inmuebles, el PE busca captar $ 25 millones para maquinarias

El Gobierno está decidido a movilizar el mercado inmobiliario. Pondrá a la venta 17 inmuebles distribuidos en toda la provincia que forman parte de los bienes del Estado. El propósito es contar con no menos de $ 25 millones para reequipar el parque automotor pesado y así disminuir los costos para la ejecución de obras públicas.
La enajenación de los inmuebles ya está en marcha. Se trata de la segunda operatoria más importante desde que el Gobierno vendió a la empresa Benito Roggio e Hijos el edificio de la sucursal Buenos Aires del ex Banco Provincia (BPT) en $ 3,9 millones y las 1.168 hectáreas de Overa Pozo a la Compañía Azucarera Los Balcanes SA en $ 15,1 millones.
Según pudo establecer LA GACETA, en esta oportunidad, el Poder Ejecutivo está cerca de un acuerdo definitivo con el Banco Macro -propietario del Banco Tucumán- para la venta directa de 13 propiedades del ex BPT, distribuidas en distintos puntos de la provincia, en unos $ 12 millones. "Sólo falta avanzar con las escrituras traslativas de dominio", confió a este diario una fuente de la Casa de Gobierno.
Una de las ex filiales del BPT fue desafectada del paquete inmobiliario que se transferirá al Macro. Se trata del edificio ubicado en la esquina de Maipú y Mendoza de esta ciudad. Mediante el decreto 2.182/3 se autorizó al Ministerio de Economía a llamar a licitación pública para enajenar el inmueble con un precio base de venta de $ 5,1 millones. La apertura de sobres con las ofertas se efectuará el miércoles próximo. En el Gobierno sostienen que existen varios oferentes por esa propiedad que estarían dispuestos a pagar una suma superior al precio base, ya que el inmueble se encuentra ubicado en una zona comercial estratégica. Actualmente, allí funciona la Subsecretaría de Comercio Exterior, que deberá reubicar sus oficinas en otro local en los próximos 30 días, plazo en que se hará la escritura traslativa del dominio.
En los próximos días se estima que finalizarán los trámites administrativos para poner a la venta otras tres propiedades transferidas a la Caja Popular a cambio de la ex sede central de la Dirección de Rentas (Maipú y San Martín) donde funcionarán los departamentos asegurador y ART de la entidad financiera.
Se trata de los inmuebles ubicados en Laprida 469, Rivadavia 480 y 24 de Septiembre 570 de esta ciudad, cuyas valuación estimada rondaría los $ 10 millones.

Destino específico
Los fondos que se obtengan a través de la venta de los inmuebles del Estado serán depositados en una cuenta especial con destino específico: la compra de más maquinaria vial. En el Ejecutivo argumentan que, con esa operatoria, el Estado dejará de pagar alquileres por el uso de maquinas pesadas privadas.
Actualmente, las reparticiones que dependen de la Secretaría de Obras Públicas abonan unos $ 800 por hora de alquiler de una topadora de gran porte para mover áridos en los ríos. Otros $ 200, en promedio, por hora, se abonan para el uso de una motoniveladora de 140 HP o de un camión con batea con capacidad de 18 metros cúbicos. Los fondos desafectados por el pago de alquileres de máquinas viales podrían ser usados para ejecutar obras públicas, señalan en la Dirección de Vialidad.
La Provincia intenta reequipar el parque automotor pesado luego de 20 años de desinversión, según argumentan los funcionarios provinciales. Sin embargo, el costo de esa operación puede ser elevado, advierten desde el sector privado. Según el consejero ejecutivo del Colegio de Arquitectos, Julio Middagh, un rápido acto de venta de un bien del Estado tira por la borda décadas de esfuerzos de otros gobiernos por acrecentar el patrimonio de la Provincia. "Al Estado le costó muchos años enriquecerse con bienes inmuebles y no se puede justificar ventas casi en rifa del patrimonio", remarcó ante la consulta de nuestro diario. Middagh llamó a la reflexión a las autoridades del Ejecutivo para que no cometan los mismos errores del pesado, "como sucedió durante la gestión de Carlos Menem con la venta de Aerolíneas Argentinas o los ferrocarriles", según recordó.

Lo que dice el decreto 49/1
Mediante el decreto de necesidad y urgencia 49/1, ratificado por la Ley 8.095, el gobernador José Alperovich autorizó la venta, mediante licitación pública, de los inmuebles. "La venta importa implementar medidas de promoción y fomento a la inversión pública y privada, con la ocupación de mano de obra y creación de empleos", dice los considerandos.