30 Julio 2008 Seguir en 
El crecimiento de los costos llevó a la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET) a solicitarle al Gobierno un imprevisto reajuste de la tarifa del servicio. Se trata de un incremento del valor agregado de distribución, previsto en el Acuerdo de Renegociación Integral (ARI), firmado entre la compañía y el gobernador José Alperovich, confiaron ayer a LA GACETA fuentes oficiales.
El pedido está siendo estudiado por el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (EPRET), aunque aún no se estableció cuánto sería el porcentaje del aumento tarifario. Paralelamente, el mandatario recibiría hoy un informe detallado por parte de técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán con el fin de establecer el impacto del incremento por tipo de usuarios que, según algunos voceros de la Casa de Gobierno, sería mínimo.
El Gobierno había autorizado un aumento tarifario del 24% que se completó a principios de este año. Ahora, según trascendió, la empresa aduce mayores costos para distribuir la electricidad.
En tanto, el Gobierno nacional analiza autorizar en los próximos días un aumento del 20% para las tarifas de las empresas de energía Edenor, Edesur y Edelap. Así lo anticiparon ayer fuentes cercanas al Gobierno, a las empresas y a los gremios, que estimaron que de esta manera la administración de Cristina Kirchner iniciaría una recomposición de las tarifas para achicar los subsidios que este año superarían los $ 47.000 millones.
Los ajustes, los primeros de este tipo para los vecinos de la Capital Federal y el conurbano desde que el matrimonio Kirchner llegó al poder en mayo de 2003, no terminarían allí, ya que también se estudia autorizar alzas en el boleto de los colectivos, los trenes y los subtes.
Los expertos venían advirtiendo que los subsidios, una de las principales herramientas que en teoría utiliza el Gobierno para cumplir su objetivo de “redistribuir la riqueza”, funcionan de una manera extraña: más del 40% de esos recursos terminan beneficiando a las clases medias y altas. Y como la cantidad de personas con ingresos bajos (inferiores a $ 2.000 brutos mensuales) representa el 70% del total, a cada una le toca una cifra inferior a lo que percibirían sus compatriotas más afortunados, dice un cable de la agencia NA.
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió que los posibles aumentos de tarifas estarían fuera de la ley.
El pedido está siendo estudiado por el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (EPRET), aunque aún no se estableció cuánto sería el porcentaje del aumento tarifario. Paralelamente, el mandatario recibiría hoy un informe detallado por parte de técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán con el fin de establecer el impacto del incremento por tipo de usuarios que, según algunos voceros de la Casa de Gobierno, sería mínimo.
El Gobierno había autorizado un aumento tarifario del 24% que se completó a principios de este año. Ahora, según trascendió, la empresa aduce mayores costos para distribuir la electricidad.
En tanto, el Gobierno nacional analiza autorizar en los próximos días un aumento del 20% para las tarifas de las empresas de energía Edenor, Edesur y Edelap. Así lo anticiparon ayer fuentes cercanas al Gobierno, a las empresas y a los gremios, que estimaron que de esta manera la administración de Cristina Kirchner iniciaría una recomposición de las tarifas para achicar los subsidios que este año superarían los $ 47.000 millones.
Los ajustes, los primeros de este tipo para los vecinos de la Capital Federal y el conurbano desde que el matrimonio Kirchner llegó al poder en mayo de 2003, no terminarían allí, ya que también se estudia autorizar alzas en el boleto de los colectivos, los trenes y los subtes.
Los expertos venían advirtiendo que los subsidios, una de las principales herramientas que en teoría utiliza el Gobierno para cumplir su objetivo de “redistribuir la riqueza”, funcionan de una manera extraña: más del 40% de esos recursos terminan beneficiando a las clases medias y altas. Y como la cantidad de personas con ingresos bajos (inferiores a $ 2.000 brutos mensuales) representa el 70% del total, a cada una le toca una cifra inferior a lo que percibirían sus compatriotas más afortunados, dice un cable de la agencia NA.
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió que los posibles aumentos de tarifas estarían fuera de la ley.
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