Ex funcionarios del PE piden más participación e instituciones fuertes

Los primeros fusibles que saltaron a causa de la crisis agraria fueron cuatro funcionarios tucumanos. Ellos desataron en el país una catarata de renuncias. Su vocación de agricultores no era compatible con la función pública. No coincidían con el apoyo del gobernador, José Alperovich, al Gobierno nacional. Hoy, ratificaron su decisión y aseguran que el conflicto superado debe servir para fortalecer las instituciones y para promover una mayor participación social en la dirigencia rural y en el Estado.
José Manuel Paz, José Ignacio Lobo Viaña, Roberto Martínez Zavalía y José Manuel Avellaneda hoy se dedican a la actividad privada. Paz era ministro de Desarrollo Productivo; Lobo Viaña, el secretario del área; Martínez Zavalía, titular del Ente Tucumán Turismo y Avellaneda, presidente de la Estación Experimental.
A excepción de Paz, que inicialmente se comprometió a dar una entrevista a LA GACETA y después no respondió los llamados, el resto rompió el silencio, luego de cuatro meses de conflicto.
"Se ha demostrado un rechazo absoluto del sector productivo y de la ciudad a un estilo de gobierno autoritario y soberbio y a un sistema que les permite mantener cautivos a legisladores y a gobernadores", reflexionó Martínez Zavalía.
El también ex intendente de Yerba Buena dijo que se fue del Gobierno porque no coincidió con Alperovich en su decisión de acompañar al Gobierno nacional en su defensa de la resolución 125, que estableció un aumento de las retenciones a las exportaciones de granos y un régimen de movilidad.
"Si los productores no se involucran, esto volverá a suceder. Esto debe ser una enseñanza para todos los sectores, porque el día de mañana puede no ser sólo el sector productivo, sino los profesionales, la industria, etcétera. Hay que defender los intereses en los lugares desde donde se toman las decisiones, no en las rutas. Y hay que asumir el protagonismo en el Congreso, donde debe haber representantes genuinos", afirmó.
A su vez, Avellaneda explicó que se fue de la Experimental para preservar al directorio del organismo científico y técnico de cualquier polémica de índole política. "La verdad es que esta medida sí afectaba mucho a la producción en las zonas marginales, como Tucumán. Además, sin lugar a dudas, era confiscatoria y no podía ser única para todo el país. Tenemos situaciones de clima y de distancia del puerto que nos ponen en desventaja con la Pampa Húmeda. Era algo que no podía respaldar con mi permanencia en el cargo", explicó el ex titular de la Experimental.
Avellaneda también expresó su malestar por el argumento que empleó Alperovich para defender la resolución 125, en el sentido de que la medida iba a servir para desalentar la "sojización", que, según dijo, iba a derivar en pérdidas de puestos de trabajo.
"La soja permitió la ampliación de la frontera productiva de Tucumán. Antes, todo el este era monte. La soja dio sustento a la ganadería y propició que se cultive trigo, maíz y poroto en la provincia. Hubo un trabajo fuerte de la Experimental y de la UNT para buscar un cultivo que permitiera aprovechar ese espacio, que después fue continuado con el esfuerzo de la Cooperativa Unión y Progreso. La soja ha sido y es importante para la economía de Tucumán", aseveró Avellaneda.
El agricultor y ex presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), al igual que Martínez Zavalía y Paz, también criticó la postura política del Alperovich. "Es la primera vez en la historia que un gobernador se va a Buenos Aires a exponer lo mucho que ganan los productores de su provincia, en vez de defenderlos", espetó.

Condicionamientos
"El posicionamiento del gobernador condicionaba mucho mi trabajo. Pero él no tenía otra posibilidad. Por eso, ahora que se volvió al 10 de marzo, sería bueno trabajar en construir instituciones fuertes. En este conflicto, una visión diferente del gobernador hubiera significado una pérdida importante de gobernabilidad en la provincia", reflexionó, por su parte, Lobo Viaña, que no presentó su renuncia de inmediato. También sostuvo que las provincias y el Estado nacional, junto al campo, deben dialogar con el objetivo de poner en marcha una política agropecuaria general y diferente, a la vez, para cada actividad y para cada región del país.