El compromiso político de la CGT

La Confederación General del Trabajo, comúnmente denominada "oficial", es la única central obrera reconocida por el Gobierno como representante legal de los intereses específicos de los trabajadores, en virtud de la Ley de Asociaciones Laborales. Ello no impide que, ocasionalmente, el poder político dialogue con otras agrupaciones gremiales, a las que no reconoce la exclusiva personería sindical de aquella. El estatuto gremial es en ese sentido excluyente de la libertad de asociación establecida por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, incorporados ambos a misma.
Esa vieja figura corporativa, cuestionada formalmente por la Organización Internacional del Trabajo, se extiende a los sindicatos, impidiendo que exista más de uno por rama de actividad económica, dando lugar así a un rígido monopolio de la representación sindical.
La condición descripta, observada muy ocasionalmente y sin éxito por algún gobierno, ha servido tradicionalmente a la militancia político-partidaria de esa estructura que formalmente llegó a constituir el llamado "brazo sindical" del peronismo.
En consecuencia, todo interés específico de los trabajadores debe atenderse por dicho cauce legal, a la vez que los aportes por cuotas de afiliación y otros conceptos contribuyen de diferentes maneras a las actividades partidarias de ese signo político.
La pérdida de confianza en ese sistema y en sus perdurables dirigencias, que ahora forma parte de la crisis que soporta el país, no ha impedido la vigencia de ese monopolio legal, castigado, eso sí, por una excepcional pérdida de afiliaciones y el extendido rechazo de aquellas.
Sin embargo, tal situación no ha impedido que las autoridades de la CGT oficial hayan propuesto a las del Partido Justicialista formar una comisión política para tratar de concertar con las distintas líneas internas un programa para el caso de que se acceda al gobierno. El propio secretario general de la central dominante, Rodolfo Daer, ha llegado a manifestar, inclusive, que "el peronismo debe recuperar un proyecto de paz", asumiendo así desembozadamente una militancia absolutamente improcedente con el régimen sindical monopólico.
Otra fracción disidente de esa conducción, la encabezada por Hugo Moyano, también hace ostentación de la misma militancia al participar en actos públicos de una de las tendencias internas justicialistas. Por lo demás, Daer se ha comprometido también públicamente a promover la unidad del partido y a "encolumnarse detrás del postulante peronista que resulte definido".
Ningún candidato presidencial no justicialista se ha definido hasta el momento a propósito de esa grave irregularidad del sistema sindical, a pesar de las militancias señaladas. Ni siquiera para exigir algo tan necesario como la prescindencia política de quienes ejercen el monopolio de la representación específica de los trabajadores.
En la mayoría de los casos, el temor a una descalificación por parte del aparato gremial impide toda reacción contra ese modelo que la Organización Internacional del Trabajo considera no democrático, mientras el gobierno de transición, fuertemente vinculado al mismo a través de la cartera ministerial de Trabajo, encuentra en él la colaboración necesaria frente a los numerosos sectores autónomos que han expulsado virtualmente a sus dirigentes de los lugares públicos
. La constitucionalización del sistema laboral es otra de las grandes deudas que la clase política mantiene con nuestro sistema democrático, mas nada indica que ese deber sea parte de sus inquietudes.
La cuestión -lo mismo que el sostenido congelamiento del viejo sistema representativo- debería ser otro tema ineludible para nuestra ciudadanía a la hora de dirigirse hacia las urnas, rechazando ese severo régimen sindical que se sirve compulsivamente de los derechos de los trabajadores para beneficiar a un determinado partido político.