Bussi afrontará un nuevo examen mental

En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia trabajan contrarreloj. Sigue firme el 4 de agosto como fecha prevista para el inicio del primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Tucumán. No obstante, el viernes seis profesionales de la salud determinaron que Antonio Bussi, uno de los dos imputados, no se encuentra en condiciones mentales de comprender plenamente las consecuencias jurídicas de sus actos. Teniendo en cuenta que semejante conclusión podría significar -como mínimo- la suspensión del juicio en relación con el ex gobernador, el tribunal requerirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que envíe los médicos que considerara convenientes para efectuar un informe exhaustivo acerca de si el militar retirado puede afrontar las audiencias de debate, que son públicas.
Pese a la feria judicial y dada la índole de la cuestión, que fue habilitada para ser tratada aun durante el receso, el viernes fue un día sumamente agitado en el tribunal que preside actualmente Carlos Jiménez Montilla.

Mucha celeridad
A las 12.40, recibieron los resultados de los exámenes, entrevistas, análisis, tests e intercambio de opiniones practicados por Alejandra Molteni (neuróloga), Ada Bini (psiquiatra) y Consuelo Muñoz (psicóloga), del Hospital Angel C. Padilla, junto con Raúl Antonio Assial (forense de la Cámara Federal de Apelaciones), y los médicos Hernán Mena y Martín Wilde, que actuaron como peritos de parte ofrecidos por la defensa de Bussi. "Se trata de un síndrome caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas de carácter orgánico, que origina una desadaptación social de la persona sin alteración del nivel de conciencia", destacaron, entre otras cosas.
Inmediatamente, Jiménez Montilla corrió vista del informe al fiscal federal general ante el tribunal, Alfredo Terraf. Este, sin perder tiempo, estudió la situación y cuestionó los resultados de la junta por considerarlos contradictorios. "Las conclusiones resultan de manera evidente excesivas en relación con los fundamentos expresados en el propio informe, toda vez que en las motivaciones no surgen impedimentos psíquicos para comprender las imputaciones, mientras que en la conclusión se dictamina la no comprensión de sus actos", advirtió.
Como consecuencia, el fiscal requirió con urgencia que se solicitara al Cuerpo Médico Forense del alto tribunal del país la designación de profesionales para que vinieran inmediatamente a Tucumán con el fin de que, en el carácter de peritos, revisaran a Bussi e informaran si está en condiciones de participar de las audiencias al igual que el otro imputado, Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del III Cuerpo de Ejército, del que dependía la V Brigada de Infantería, que encabezaba Bussi.

En el mismo sentido
A partir de la solicitud de Terraf, los vocales Jiménez Montilla y Gabriel Casas comenzaron a trabajar en una resolución, para lo cual debieron ponerse de acuerdo con la santiagueña Josefina Curi, que integra el tribunal como consecuencia de la excusación de Alicia Noli.
Finalmente, los vocales consideraron pertinente el pedido de Terraf. "Advertimos que las razones invocadas por el fiscal en relación con las conclusiones del informe médico llevarían a sostener que el imputado quedaría excluido de la audiencia de debate, en tanto se transformaría la imputabilidad en inimputabilidad. Si ello es así, resulta prudente hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en tanto se evidencia la razonabilidad de que el cuerpo médico forense de la Corte se expida en torno de la cuestión", afirmaron.
Si los profesionales que envíe la Corte Suprema coincidieran en el diagnóstico con los tucumanos, el juicio quedará suspendido únicamente en relación con Bussi (no en relación con Menéndez), según lo establece el artículo 365, inciso 5 del Código Procesal Penal de la Nación (ver "Está firme..."). Si, en cambio, concluyeran que el militar retirado sí puede afrontar esta etapa, crucial para determinar responsabilidades respecto del secuestro, tortura y desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976, la última palabra la tendrá el Tribunal Oral.