Todos deben conocer las reglas del juego para poder jugarlo sin estar en inferioridad

Ya de niños aprendemos que el más sencillo de los juegos exige que los jugadores conozcan cabalmente las reglas que lo rigen. Quien no sabe cuáles son esas reglas quizás pueda jugar el juego, pero lo hará bajo la impronta de la incertidumbre y en inferioridad de condiciones, pues no sabrá a qué atenerse. La vida en sociedad no es precisamente un juego pero, al igual que en aquél, las cosas no funcionan si quienes se relacionan desconocen o descreen de las reglas que gobiernan tales relaciones.
Desde tres puntos de vista es dable afirmar la necesidad de depurar y dar luego a publicidad, en su conjunto, un sistema normativo.
En primer término, desde el lugar del ciudadano, al cual se lo tiene por conocedor de todas las normas. Esta es, pues, una ficción. Necesaria, pero ficción al fin.
En un sistema no purificado ni ordenado, ni siquiera quienes están especializados en las leyes -es decir, los abogados- tienen  siempre plena certeza acerca de cuáles son las normas que rigen. Un digesto, al depurar el sistema, darlo a publicidad y mantenerlo actualizado, ayuda a disminuir las consecuencias nocivas de la ficción del conocimiento de la ley por parte de todos.
En segundo lugar, cualquiera que se dedique a negociar, cualquiera que esté pensando en invertir, sabe del valor que tiene contar con un marco jurídico adecuado y conocido, de fácil acceso (y, ciertamente, respetado) a la hora de decidir un negocio o una inversión.
De igual modo, para quienes ofrecen su tiempo y su trabajo, es decir, para la gran mayoría de la población, no pasará desapercibida la importancia del conocimiento acabado de los derechos que al empleado y al trabajador atañen. En suma, desde el punto de vista de los protagonistas de la actividad económica, saber a qué atenerse en materia jurídica ayuda y mucho a una mejor convivencia y a la vigencia efectiva de los derechos.
Por último, desde el lugar del gobernante, establecer con claridad cuáles son las normas que imperan  es casi un deber natural derivado del mandato decimonónico de publicidad de los actos de Gobierno que caracteriza al Estado de Derecho. Ya en el siglo XXI no es dable tener por cumplido el principio republicano de publicidad con la mera publicación a diario de las normas en el Boletín Oficial.
La efectiva vigencia de los derechos humanos exige hoy el conocimiento ordenado, sistemático y actualizado de las leyes. Y este conocimiento es un aporte efectivo a la tantas veces citada (pero no siempre atendida) calidad institucional.