Está vigente la ley que califica de tirano a Rosas

"La Honorable Sala de Representantes en uso de la soberanía que ha recobrado por haber desaparecido de la escena pública el tirano Juan Manuel de Rosas, habiendo sido arrojado para siempre del seno de la República por el triunfo del ilustre general Justo José de Urquiza al frente del virtuoso Ejército Libertador, sanciona que la Provincia de Tucumán reasume en sí el encargo y los poderes conferidos al dictador".
Los elogios a Urquiza y la reprobación de Rosas integran la Ley Nº 1 de Tucumán, sancionada el 12 de marzo de 1852, al mes siguiente que el Restaurador de las Leyes fuera derrotado en Caseros y desalojado del poder. Las disposiciones contempladas están vigentes, más allá del paso del tiempo.
Ese texto encabezaría el Digesto Jurídico de Tucumán, cuando concluya la tarea de la Legislatura de de definir, compilar, controlar y reordenar las leyes vigentes y dejar de lado las derogadas, con un anexo de la legislación histórica aprobada entre 1812 y 1852.
La reivindicación de potestades duró poco. El 27 de mayo, se delegaron a Urquiza las relaciones y los negocios generales de Tucumán en la Confederación Argentina.
La labor encarada tiene fecha de vencimiento. El vicegobernador Juan Manzur confía en que sea sancionada hasta fin de año (ver "Estamos ..."), y con esa premura trabajan los siete legisladores que integran la comisión especial a cargo de la tarea: los alperovichistas José Alberto Cúneo Vergés; Sisto Terán; Carlos Canevaro; Beatriz Bordinaro de Peluffo y Reinaldo Jiménez; y los opositores José Luis Bussi y Esteban Jerez.
Los empleados parlamentarios han detectado menos de 700 leyes derogadas expresa y totalmente, a las que deben agregarse las derogaciones parciales. Por aparte, serán identificadas las caídas en desuso, las que vencieron por cumplimiento del objetivo o del plazo de vigencia (como un presupuesto anual, una expropiación o un hecho histórico), las contradictorias y las que fueron modificadas. Se agregarán los decretos reglamentarios. También se deberán distinguir las leyes de alcance individual de las generales y los Decretos de Necesidad y Urgencia ratificados por el mero silencio, cuyo número se ignora (ver "No se sabe..."). La tarea incluirá una renumeración total, la unificación de normas y la corrección de errores tipográficos, pero no la modificación de los textos originales. Será un exhaustivo "control de calidad", al decir de los legisladores intervinientes, que se dividieron el trabajo por temas. Canevaro aborda las leyes con objetivos específicos; Jiménez, las de servicios públicos y seguridad; Bordinaro, lo referido a tributación, economía y producción; Jerez, códigos procesales; Bussi, Derecho Constitucional; Terán, turismo y ecología, y Cúneo Vergés, Derecho Administrativo y Público. También se analizará la correlatividad entre lo sancionado con lo publicado en el Boletín Oficial (BO).

Primer sueldo
Hay datos históricos curiosos. El primer sueldo del gobernador y de su ministro General fue fijado por la Ley 338, de setiembre de 1871: $ 4.200 y $ 2.720 pesos mensuales respectivamente.
En los primeros 25 años de funcionamiento, la primitiva Legislatura autorizaba por ley cada viaje del gobernador fuera de la provincia, e incluso debía determinar los motivos de la ausencia, como ocurrió con Celedonio Gutiérrez y con su sucesor Manuel Espinosa (elegido mandatario por la ley 8) para participar en la Convención Constituyente Nacional de San Nicolás, con fijación de viáticos. En 1876, con Ernesto Padilla, el régimen cambió por una cantidad fija de días de licencia, que se amplían.
Hasta la Constitución de 1907, además, se designaba por ley al reemplazante interino del mandatario (era llamado gobernador propietario), como ocurrió con Sixto Terán en la norma 447, de 1881, sobre la cual se bromea con frecuencia en la comisión, en referencia al actual legislador Terán.
Por la Ley 963 (1908), el flamante Poder Legislativo bicameral aprobó las resoluciones y decretos dictados durante el receso de las sesiones por el PE en acuerdo de ministros, antecesores de los actuales DNU, que se multiplicaron en la década del 90.
Como ejemplo de leyes agotadas en su propósito, están la 326 de abril de 1871, por la que se destinan $ 1.200 para socorrer a los enfermos de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, o la 4.008, por la que en noviembre de 1973 se autorizó al Poder Ejecutivo a concurrir en ayuda de los damnificados por la explosión de una fábrica de pirotecnia en Tucumán.
En el BO del viernes se publicó la última ley sancionada en la provincia: la 8.095, por la que se ratifica el DNU 49/1 y se autoriza al PE a transferir a la Caja Popular de Ahorros el inmueble de San Martín y Maipú, donde funcionó la Dirección General de Rentas.
Se calcula que, tras esta suerte de limpieza que realizará la comisión, quedarían unas 5.000 normas vigentes, de las cuales sólo 3.500 regularían temas de alcance general y el resto se referirían a aspectos específicos de la relación del Estado con particulares, con organizaciones sociales o dentro de la misma administración pública.