No se sabe cuántos DNU fueron aprobados por el silencio parlamentario

A poco de avanzar en el análisis, los legisladores que integran la comisión especial encargada de elaborar el Digesto Jurídico de Tucumán se toparon con un fuerte desafío: determinar cuántos son los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) ratificados de modo tácito, por el simple paso del tiempo y sin un pronunciamiento expreso de la Legislatura.
Hasta octubre de 2003, el silencio parlamentario era tenido por rechazo al DNU, pero a partir de ese mes (poco antes de que José Alperovich asuma su primer mandato), el criterio cambió 180 grados y se lo toma como aprobación ficta. Esta interpretación quedó consagrada en la reforma constitucional de 2006.
Hasta ahora, no se sabe la cantidad y el contenido específico de todos los DNU vigentes con este sistema, ya que no están ordenados en ninguna categoría sino aislados unos de otros. No fueron numerados como leyes ni intercalados en entre los sancionados en forma explícita.
Una de las posibilidades que se manejan en la Legislatura es efectuar un corrimiento numérico para ubicarlas cronológicamente en el momento que les corresponde y, luego, en el tema específico de su abordaje. Para ello, se crearía una subcomisión especial que analizaría caso por caso.
Este cuerpo tendría otras misiones especialmente delicadas. Los legisladores detectaron que hay leyes que fueron sancionadas por la Cámara, pero que nunca fueron numeradas, promulgadas ni publicadas por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial. Por ello, nunca entraron en vigencia entre terceros; sin embargo, el propio Estado no puede desconocerlas como principal responsable de la irregularidad. Muchas de estas normas fueron aprobadas en la etapa final del mandato de Ramón Ortega, cuando mantenía un abierto enfrentamiento con la integración parlamentaria que lideraba Julio Díaz Lozano.
En este caso, correspondería completar el trámite normativo adecuado, según lo dispuesto por la Constitución provincial.
Asimismo, hay números asignados a leyes que no tienen contenido alguno. Estas disposiciones "vacías" habrían sido usadas en las gestiones de Ortega y de Antonio Domingo Bussi, cuando en el Poder Ejecutivo se reservaron espacios para normas nunca sancionadas o luego identificadas de otro modo. Para subsanar esta situación, se debería suprimir la numeración sin texto.
Más comunes son las leyes que completaron el circuito formal, pero que nunca fueron reglamentadas por el PE, lo que impide que sean puestas en plena vigencia.


"Nunca en la historia de la Legislatura se puso tanto empeño en llevar adelante una labor como esta. El objetivo del Digesto Jurídico no tiene precedentes en el país, porque no es una simple compilación normativa, sino un trabajo profundo de determinar la legislación vigente, darle un orden y definir un criterio de búsqueda y aplicación", dijo José Luis Bussi.
El legislador republicano reconoció que todavía hay puntos grises que deben ser definidos en la comisión que elabora el estudio, como qué hacer con leyes de perfil histórico pero que mantienen su vigencia formal o el criterio a emplear acerca de los Decretos de Necesidad y Urgencia ratificados de forma ficta por la Cámara y no numerados por el Gobierno.
A su vez, la legisladora oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo, integrante de la comisión especial que elabora el Digesto, aseveró que la tarea está siendo encarada con la mayor seriedad y responsabilidad. "Queremos que cualquiera pueda tomar el texto y entenderlo", afirmó.