El problema interno del peronismo somete las instituciones del país a un tironeo brutal. La Ley de Lemas es la solución de compromiso que encontraron los menemistas y el duhaldismo para evitar la fractura del Partido Justicialista. Hasta ahora, el único que se apartó del precario arreglo es Adolfo Rodríguez Saá.
Las víctimas principales del traje a medida que encargó el peronismo no son otros que los candidatos presidenciales del Movimiento Federal Recrear (MFR), Ricardo López Murphy, y de Alternativa para una República de Iguales (ARI), Alicia Carrió. La Unión Cívica Radical, por su parte, persiste en la crisis de identidad que arrastra desde la caída de Fernando de la Rúa y sin una fórmula presidencial definida.
Para poner en marcha el remedio trabajosamente acordado, el PJ debe pasar el filtro del Congreso, donde necesita la mayoría absoluta de sus miembros en cada Cámara.
En Diputados requiere de 129 votos afirmativos, que sólo podrá reunir con desprendimientos del radicalismo. Más despejado aparece el panorama en el Senado, donde el PJ no tendría problemas para alinear 37 voluntades, descontados los dos representantes de Rodríguez Saá. El montaje de esa ingeniería política, sin embargo, está expuesto a deserciones de última hora.
Escenario conflictivo
Las complicaciones existen también en el orden jurídico. La Constitución de 1994 prebscribe que el presidente y el vicepresidente de la Nación serán electos por el voto directo del pueblo.
En esa norma se basan quienes sostiene la inconstitucional de la Ley de Lemas. Incluso, los expertos hacen hincapié en que el artículo que exige una determinada mayoría no fue jurado por los convencionales de 1994. El escenario así dibujado hace sospechar de las intenciones últimas del duhaldismo acerca del desemboque de la transición.
La elección presidencial del 27 de abril, con Ley de Lemas, pondría en una encrucijada a Fuerza Republicana (FR). Esta, al haber descartado a López Murphy, debería optar entre el apoyo a un sublema peronista encabezado por Carlos Menem o por la libertad de acción para sus afiliados. Pero si la administración mirandista llamara a elecciones de diputados y senadores nacionales en forma simultánea con la presidencial, el bussismo empezaría a pisar arenas movedizas.
La chance de los candidatos de FR se reduciría con el achicamiento de su campo de maniobra porque competiría abiertamente con cuasipartidos, como serían los sublemas del peronismo.
La disyuntiva, de todos modos, se plantea en los papeles, porque el mirandismo aún no definió su posición en el asunto. El senador José Alperovich -uno de los candidatos en carrera en el PJ- ha deslizado más de una vez que quiere la elección provincial en junio. Los puestos de diputados y senadores deberían atarse a la suerte de los candidatos presidenciales, en un turno distinto.
La lista de pretendientes a la gobernación se completa con Osvaldo Jaldo, Fernando Juri y Ricardo Maturana. De los dos ministros, Jaldo es el que suma más aliados. En su derredor se deja entrever que podría pactarse con Alperovich, con Jaldo como número dos de la fórmula. Maturana, por su parte, se recuesta en el dueto Olijela Rivas-Alberto Herrera. Desde fuera del campo mirandista se señala que el gobernador busca reforzar la unidad del aparato al propiciar un diálogo tripartito con el binomio J-J (Jaldo- Juri), Rivas y Herrera. Al postularse el disidente Osvaldo Cirnigliaro dentro del ámbito partidario, está tratando de captar a los descontentos.
El blindaje jurídico
Cuando expiraba 2002, un alto jerarca del Gobierno no trepidaba en profetizar una rápida sanción de las reformas a la Ley de Administración Financiera.
El estrecho colaborador del gobernador admitía que con ese acto jurídico se cumplían dos objetivos: a) se quebraba el interbloque opositor; b) se garantizaba la continuidad de los jueces del Tribunal de Cuentas, Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaiben Terraf. La administración que sucedía a Antonio Bussi quería evitar controles molestos de sus actos.
Domingo de Prada y Díaz Ricci vienen de las filas del PJ y Terraf está cercano a la UCR. La sanción de esta controvertida ley coincide con un repliegue del radicalismo de una forma de hacer política. El pacto PJ-UCR funcionó aceitadamente en la Legis latura, aunque el costo político lo pagó el partido presidido por José Ricardo Ascárate.
Miranda propuso el nombramiento de aquellos en noviembre de 1999, cuando arrancaba su gestión. Ahora que amaga con retirarse de la gobernación -al no insistir en la reelección-, se cubre las espaldas al hacer inamovibles a sus amigos. Los vocales sólo podrán removidos con 27 votos, mediante juicio político.
El mirandismo demostró con creces que consigue ese número para bloquear los procesos que fastidian a los jerarcas del oficialismo. Y la ambigüedad de la redacción al declarar que la nueva ley incluye a los jueces actuales hace suponer que no habrá mutaciones de piezas en tan estratégico organismo.
El análisis de las partes clave de las modificaciones promulgadas en tiempo récord revela algunos cambios significativos. Así, los fallos del Tribunal de Cuentas se convierten en cosa juzgada, al haberse erigido en jueces únicos de la sujeción o no de los actos administrativos de las municipalidades y comunas rurales a la Ley de Presupuesto de la provincia.
Por si eso fuera poco, en la ley promulgada se adicionó un párrafo que atribuye sólo a la Corte Suprema de Justicia la facultad de revisión de los fallos del Tribunal de Cuentas. De ese modo se excluyó la posibilidad de que intervengan los fiscales de Instrucción. De entre estos, el que pone los pelos de punta a todos los jueces de ese organismo es Esteban Jerez, con quien tuvieron más de choque.
El peso de la responsabilidad recae finalmente en la Corte. La perspectiva de una reforma constitucional que implicaría la pérdida de estabilidad de los jueces diluiría la posibilidad de una revisión crítica de los procedimientos gubernamentales. Y la puesta en comisión del Poder Judicial facilitaría remociones profundas en los fueros administrativo y penal. Sisto Terán, la cara visible del acuerdo bipartidista, también se siente protegido.
