05 Enero 2003 Seguir en 
Es uno de los inventos más democráticos que haya creado el hombre. En latín significa "para todos". Se atribuye al filósofo y matemático Blaise Pascal (1623-1662) su creación en 1661. Concibió un vehículo de ocho asientos que por un precio módico llevara a los pasajeros desde la puerta de San Antonio hasta la puerta de Luxemburgo. La buena idea pudo hacerse realidad muy pronto gracias a la ayuda del duque de Roannez, quien procuró la patente del rey y los fondos necesarios para el proyecto. El 18 de marzo de 1662 se inauguró en París la primera línea de ómnibus con siete coches.
Los tucumanos conocieron el ómnibus en 1923, gracias a la compañía Eléctrica del Norte. Tardó en desplazar al tradicional tranvía y al moderno trolebús y comenzó a disputarle la supremacía al tren hasta, finalmente, derrotarlo. Durante mucho tiempo, el servicio público de pasajeros de Tucumán fue uno de los mejores del país. El esplendor llegó en la década de 1980 cuando se llegaron a vender en la provincia casi 120 millones de boletos (1987).
A partir de entonces, el servicio comenzó a tener problemas tarifarios, como consecuencia de la inflación. La crisis de los ómnibus se ahondó en la década del 90 con la aparición de los transportes ilegales (taxis, remises, combis) que comenzaron a quitarles raudamente usuarios a los colectivos.
La Municipalidad capitalina y el Gobierno provincial no supieron o no quisieron dar una solución inmediata a la ilegalidad naciente y dejaron que esta se desarrollara hasta el punto de que circulan actualmente por San Miguel de Tucumán 9.300 vehículos, de los cuales 5.000 son "truchos" que obviamente no tributan al municipio. Del total, cerca del 80% no contaría con seguros. Se permitió también que una buena porción del transporte ilegal buscara refugio en el mismo Gobierno. En varias oportunidades, ante la detención de algunos de estos vehículos en operativos municipales, los remiseros llegaron a sitiar el microcentro.
En el interior de la provincia, la situación no es muy diferente. Existe una federación de cooperativas de transporte de pasajeros, que nuclea a 19 cooperativas de remiseros "truchos", que persiste en mantenerse fuera de la ley, empleando como argumento el elevado índice de desocupación. La osadía de esta federación ha llegado a pedirle a la Legislatura que modifique la actual Ley de Transporte, sin que a ningún funcionario se le mueva un pelo.
También es cierto que los empresarios del sector poco hicieron para mejorar el servicio en la época de la convertibilidad y de ese modo, contrarrestar parcialmente la ilegalidad. Tampoco presionaron demasiado a los gobernantes de turno, tanto a nivel municipal como provincial, para que aplicaran la ley con rigor y se desterrara definitivamente la competencia desleal.
El problema del transporte público hizo crisis en 2002 con la caída de la convertibilidad, la inflación y el exacerbado incremento de los insumos. La Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Tucumán anunció que iba a suspender el servicio de 22 a 6 -hecho que implica un enorme perjuicio para la comunidad- y presiona a la Municipalidad para pagar menos impuestos e incrementar el precio de los abonos. Si bien es cierto que la situación se está tornando dramática para el sector, se debe tener en cuenta que los salarios de la mayor parte de la población permanecen congelados desde 1992 y que sufrieron una poda del 13%.
En la reunión del viernes pasado, entre empresarios y funcionarios municipales y provinciales, se anunció un compás de espera, es decir que la bola de nieve continúa creciendo, y nada hace augurar que habrá luego una solución de fondo.
La salida de fondo pasa por aplicar la ley y combatir la ilegalidad, algo que se declamó en varias oportunidades, pero nunca se hizo en forma constante y seria porque de haberse realizado, hoy no estaríamos hablando de vehículos ilegales. Nuestros gobernantes tienen miedo de aplicar la ley porque los intereses creados son demasiados y no benefician precisamente a la mayoría de los tucumanos. Si no sabemos preservar un servicio "para todos", seguiremos perdiendo la dignidad.
Los tucumanos conocieron el ómnibus en 1923, gracias a la compañía Eléctrica del Norte. Tardó en desplazar al tradicional tranvía y al moderno trolebús y comenzó a disputarle la supremacía al tren hasta, finalmente, derrotarlo. Durante mucho tiempo, el servicio público de pasajeros de Tucumán fue uno de los mejores del país. El esplendor llegó en la década de 1980 cuando se llegaron a vender en la provincia casi 120 millones de boletos (1987).
A partir de entonces, el servicio comenzó a tener problemas tarifarios, como consecuencia de la inflación. La crisis de los ómnibus se ahondó en la década del 90 con la aparición de los transportes ilegales (taxis, remises, combis) que comenzaron a quitarles raudamente usuarios a los colectivos.
La Municipalidad capitalina y el Gobierno provincial no supieron o no quisieron dar una solución inmediata a la ilegalidad naciente y dejaron que esta se desarrollara hasta el punto de que circulan actualmente por San Miguel de Tucumán 9.300 vehículos, de los cuales 5.000 son "truchos" que obviamente no tributan al municipio. Del total, cerca del 80% no contaría con seguros. Se permitió también que una buena porción del transporte ilegal buscara refugio en el mismo Gobierno. En varias oportunidades, ante la detención de algunos de estos vehículos en operativos municipales, los remiseros llegaron a sitiar el microcentro.
En el interior de la provincia, la situación no es muy diferente. Existe una federación de cooperativas de transporte de pasajeros, que nuclea a 19 cooperativas de remiseros "truchos", que persiste en mantenerse fuera de la ley, empleando como argumento el elevado índice de desocupación. La osadía de esta federación ha llegado a pedirle a la Legislatura que modifique la actual Ley de Transporte, sin que a ningún funcionario se le mueva un pelo.
También es cierto que los empresarios del sector poco hicieron para mejorar el servicio en la época de la convertibilidad y de ese modo, contrarrestar parcialmente la ilegalidad. Tampoco presionaron demasiado a los gobernantes de turno, tanto a nivel municipal como provincial, para que aplicaran la ley con rigor y se desterrara definitivamente la competencia desleal.
El problema del transporte público hizo crisis en 2002 con la caída de la convertibilidad, la inflación y el exacerbado incremento de los insumos. La Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Tucumán anunció que iba a suspender el servicio de 22 a 6 -hecho que implica un enorme perjuicio para la comunidad- y presiona a la Municipalidad para pagar menos impuestos e incrementar el precio de los abonos. Si bien es cierto que la situación se está tornando dramática para el sector, se debe tener en cuenta que los salarios de la mayor parte de la población permanecen congelados desde 1992 y que sufrieron una poda del 13%.
En la reunión del viernes pasado, entre empresarios y funcionarios municipales y provinciales, se anunció un compás de espera, es decir que la bola de nieve continúa creciendo, y nada hace augurar que habrá luego una solución de fondo.
La salida de fondo pasa por aplicar la ley y combatir la ilegalidad, algo que se declamó en varias oportunidades, pero nunca se hizo en forma constante y seria porque de haberse realizado, hoy no estaríamos hablando de vehículos ilegales. Nuestros gobernantes tienen miedo de aplicar la ley porque los intereses creados son demasiados y no benefician precisamente a la mayoría de los tucumanos. Si no sabemos preservar un servicio "para todos", seguiremos perdiendo la dignidad.







