La responsabilidad del electorado

La crisis está demostrando que en nuestra política puede ser posible todo aquello que no lo parece. Especialmente exigir a los demás con mucha firmeza algo que no se está dispuesto a hacer.
Testimonio de ello es que, a poco más de cuatro meses de las urnas que deben poner fin a la transición, los grandes partidos, especialmente el que aparece con mayores posibilidades de alcanzar el gobierno, estén bajo el estigma de la fragmentación.
Las elecciones libres, herramienta esencial de la democracia pluralista, se convertirán para el electorado, por esa causa, en una prueba de responsabilidad excepcional, de cuyo éxito dependerá que el país encuentre una salida hacia un futuro venturoso, dejando atrás las aventuras ilusorias de lo imposible.
El presente es muy revelador de las dificultades que el ciudadano común puede tener para ejercer su derecho al voto con un propósito creativo y no someterse a las viejas seducciones de la improvisación demagógica que han llevado a la Nación a su decadencia.
El panorama muestra a no pocos responsables de esa coyuntura histórica tratando de usar en beneficio propio a sus grandes partidos como aparatos electorales para acceder al poder, y no como fecundos reservorios de ideas y programas. Las recientes elecciones internas abiertas en la Unión Cívica Radical, cuyos resultados oficiales no pueden conocerse dos semanas después por causa de la lucha destructiva entre sus rivales, son, a pesar de lo que representan como testimonio de esas preocupaciones, tan sólo un ejemplo menor del escenario planteado a la sociedad por las confrontaciones en el Partido Justicialista.
Ni siquiera el habitual eufemismo de movimiento con que sus figuras más veteranas tratan de disimular la crisis partidaria, alcanza para aliviar la imagen decepcionante de una dirigencia que está destruyendo el viejo poderío para alcanzar el pírrico triunfo de un gobierno sin poder.
La confrontación de duhaldistas y menemistas repite ese modelo perverso que veta el ascenso a los cuadros dirigentes de las nuevas generaciones y provoca finalmente las dispersiones partidarias. Si a ello se suma la pobreza retórica de esos viejos discursos, la decepción ciudadana corre el riesgo de convertirse en ira y frustrar las posibilidades de recuperación que significan los comicios para la República.
El Gobierno nacional se jacta de haber llegado a poner fin a la recesión económica, sin advertir hasta qué punto las organizaciones sociales no gubernamentales e independientes de las comprometidas con la crisis -como es el caso de la sindical- son las genuinas protagonistas de los cambios positivos que se están produciendo en el país.
Tampoco es consciente del grave perjuicio que provoca al proceso político de transición su reprobable y público protagonismo en las confrontaciones del partido oficialista -sobre el que, al fin y al cabo, se sostiene- y que colocan al electorado ante una prueba muy difícil de superar. La palabra presidencial, a pesar de las insistencias del doctor Eduardo Duhalde en que será respetada, no parece creíble ante la incertidumbre que rodea al calendario electoral, pendiente de la certeza en que la candidatura máxima del partido oficialista no será otra que la digitada desde el poder transitorio tolerado por la crisis.
El riesgo mayor sigue siendo, pues, que la ciudadanía repita, aun en escala mayor, su última experiencia en las urnas, cuando el ausentismo, el voto en blanco y las señales despreciativas de la oferta política anticiparon lo que habría de suceder dos meses después.
Para que esa historia no se repita deberá extremarse la voluntad selectiva del electorado, advirtiendo que en la democracia siempre hay caminos nuevos que no conducen a los viejos lugares del fracaso.