Urge definir el rol del Estado tras una década de abandono

Uno de los debates pendientes que la sociedad tiene que encarar de manera urgente está relacionado con el rol económico que resulta deseable asignar al Estado. En la década pasada, el discurso predominante pregonó de manera insistente un achicamiento indiscriminado, descontando que el avance del sector privado sobre los negocios que el Estado dejaba en manos de las empresas privatizadas constituía una condición poco menos que suficiente para modernizar nuestra economía, una vez que los mercados fueran convenientemente desregulados.
Para ese tipo de discurso, las funciones económicas del Estado se limitan a garantizar el funcionamiento de los mercados y a cubrir las necesidades más elementales relacionadas con la Justicia, la seguridad, la educación primaria y un mínimo de salud pública. Por lo demás, no hace ninguna falta discutir demasiado por dónde se produce el recorte del Estado, puesto que toda reducción del gasto público es intrínsecamente buena desde la perspectiva económica, que es la única que realmente cuenta.
Hoy, este discurso resulta poco menos que insostenible a la luz de la situación del país, cuyos índices socioeconómicos básicos retrocedieron, en el mejor de los casos, a los inicios de la década de 1990. En estas condiciones, más allá del utilísimo trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de las asociaciones civiles resulta imprescindible la presencia activa del Estado a través de múltiples políticas de redistribución del ingreso.

Pretensiones teológicas
Por supuesto que la aplicación de ese tipo de políticas exige que los funcionarios cumplan con los requisitos generales de probidad y de honestidad. Pero la aceptación generalizada de esta obvia exigencia nada tiene que ver con el abandono, por parte del Estado, de las funciones redistributivas que toda economía moderna reclama.
Además, el diseño institucional que la regulación de la actividad económica requiere, si se pretende avanzar en la dirección de un país verdaderamente libre, no debería surgir de los consejos del Fondo Monetario o de quienes, en nombre de un pensamiento económico pretendidamente científico, colocaron al mercado en el lugar que la filosofía y la teología reservan para lo absoluto.
Es la propia sociedad argentina la que tiene que repensar las reglas que regulen el funcionamiento de los mercados financieros, los precios de los servicios públicos a cargo de las concesionarias privadas, o la supuesta deuda externa privada que, si se pactó con tasas de default, puede bien considerarse que ya está pagada. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que le espera al Estado si pretende estar a la altura de lo que la economía nacional necesita este año.