Malas palabras

La gran desconfianza que envuelve a la mayoría de la población respecto de la dirigencia surge de las promesas incumplidas y de la defraudación de la palabra.
Ayer el gobernador de la provincia, Julio Miranda, llegó a decir que no iba a recurrir a la Justicia para buscar su reelección. Es más, dijo que la reelección debe ser para los próximos dirigentes. Si ese hubiera sido el discurso de hace dos años, el primer mandatario tucumano hubiera hecho un aporte a su provincia. Se podría haber avanzado en la verdadera necesidad de una reforma de la Constitución mirando con seriedad al futuro. Por el contrario, la discusión siempre dio vueltas en pos de la reelección y cuando la prensa o distintos sectores de la sociedad se lo señalaron, se victimizó al peronismo. En síntesis, nunca tuvo la altura de poner los intereses generales sobre los particulares. Esa actitud necia generó duras manifestaciones contra el Gobierno y contra el propio Miranda, y fue la semilla que dio nacimiento a varias fuerzas políticas. En una gran mayoría había consenso sobre la necesidad de cambiar la Constitución, pero haciéndola sin desesperación, para que el traje no fuera a medida de las actuales autoridades.
Cuántos conflictos -y plata- se habrían ahorrado si se hubiera hablado más claramente. Ahora, es tarde. El desprestigio ya hizo estragos.
Al arzobispo Luis Villalba también le faltó claridad en aquel nefasto reportaje donde se mezcló el respeto por la ley con la discriminación hacia un hipotético candidato. Hoy está envuelto en una polémica que jamás quiso y de la que le costará salir por no haber podido dar un mensaje claro.
En Yerba Buena la semana pasada estalló un conflicto parecido. Jorge Lobo Aragón ordenó que los concejales sean ad honorem. En realidad, el interventor de la "Ciudad Jardín" metió un dedo en la llaga.
El ideal sería que un político se dedique a pleno en la tarea de atender la cuestión pública y de representar a los ciudadanos. Para ello debe ser bien remunerado -y, por lo tanto, debería ser el primer trabajador-. De lo contrario se podría caer en un gobierno de elites donde sólo pueden dedicarse a la gestión aquellos que tienen su vida resuelta. Pero también es cierto que los Estados provinciales y municipales ya tienen el certificado de defunción si no producen un replanteo total de sus finanzas. En el caso de Yerba Buena el Concejo implicaba un gasto de 175.000 pesos mensuales y la recaudación -en ese entonces- para todo el municipio era de 45.000 pesos. Si los municipios con sus cuerpos deliberativos no se sinceran -otra vez la palabra justa y sin dobles discursos-, no podrán sobrevivir.
Miranda perdió su oportunidad de afrontar un debate necesario en la provincia. Monseñor Villalba y Lobo Aragón provocaron una discusión que abre grietas.
Tal vez no sea el mejor momento porque la sociedad se encuentra sumida en la peor de las desconfianzas. Sin embargo, es tiempo de repensar por qué se llegó a esta crisis y de proponer el cambio sin ánimos destructivos y con posiciones claras, para fijar las bases y puntos de partida de una nueva etapa. Obviamente, sin dobles discursos y con el norte puesto en el bien común.