Los constituyentes aseguraron la operatividad de los tratados internacionales

Cuando fijaron que el Estado debía hacerse cargo del 10% del costo remanente de la medicación que el diabético Luis Alberto Prado necesita de por vida, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tuvo en miras las profundas reformas establecidas por la Constitución de 2006 en materia de salud.
En la sentencia, que los lectores podrán consultar en el suplemento Tribunales de LA GACETA (e íntegramente en www.lagaceta.com.ar), los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello analizaron detenidamente el alcance de los cambios. “De acuerdo con el artículo 146 de nuestra Constitución, la Provincia reconoce la salud como ‘derecho fundamental de la persona’ y pone en cabeza del Estado ‘la obligación ineludible’ de garantizar ‘el derecho a la salud integral, pública y gratuita a todos sus habitantes, sin distinción alguna, mediante la adopción de medidas preventivas, sanitarias y sociales adecuadas’. Además, considera al medicamento ‘bien social básico’, con obligación del Estado de procurar los mecanismos ‘que garanticen su accesibilidad para todos los habitantes de la Provincia’”, manifestaron.
La Constitución de 2006, según los camaristas, también innovó en materia de tratados internacionales (entre ellos figura el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra el derecho a la salud). “Con mucho énfasis el constituyente ha puesto ahora de resalto que los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico ‘son de carácter operativo’ y que ‘toda ley, decreto u orden que, so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces’”, subrayaron.

Razones de un rechazo
Por razones prácticas, los magistrados rechazaron el pedido del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) de que las Secretarías de Políticas Sociales y de Desarrollo Social se encargaran de afrontar el 10% del remanente no cubierto por el IPSS. Argumentaron que era conveniente que la administración central, por medio de las compensaciones correspondientes, reenviara los fondos al IPSS para que este brinde todos los medicamentos a Prado. “Para evitarle el problema de dividir y fragmentar el cumplimiento de un mandato perentorio de atención a su salud”, expresaron.