Ordenan que se cumpla la Constitución de 2006

Un capítulo íntegro de la Constitución reformada en 2006 está dedicado a la salud. Ahora, para que esto no quede en mera promesa, la Justicia precisó el alcance de las más intensas obligaciones que asumió el Estado provincial para garantizar la salud en tanto derecho fundamental de las personas.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, condenó al Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) a que se haga cargo del 70% de los medicamentos que requiere un diabético. Al mismo tiempo, estableció que el otro 10% de la medicación debe correr por cuenta del Estado, en el carácter de “responsabilidad supletoria necesaria para integrar en los hechos el mandato expreso de la Constitución” (artículo 146).
El origen de la causa fue la acción de amparo interpuesta por Luis Alberto Prado, desocupado de 59 años y esposo de una trabajadora social del Hospital Padilla.
Prado pretendía que el IPSS (al que es afiliado por su mujer) corriera con el 80% de los remedios que debe tomar de por vida a raíz de haber sufrido en 2003 un infarto de miocardio, como consecuencia de lo cual tuvo que abandonar su actividad laboral; entonces le diagnosticaron insuficiencia cardíaca y vascular periférica, diabetes (tipo II) e hipertensión arterial. El IPSS contestó que, en virtud de la normativa que regula su actividad, su obligación se limitaba solamente a cubrir el costo del 40% de la medicación y que por el saldo restante Prado debía reclamar a la Provincia.
Los camaristas definieron dos tipos de relaciones jurídicas: una es la trabada con la obra social (el IPSS) y la otra, de carácter asistencial, en cabeza del propio Prado, “en virtud de las obligaciones constitucionales asumidas por el Estado provincial en consonancia con los compromisos internacionales incorporados a nuestro Derecho Público provincial”.

Aclaraciones necesarias
En la primera relación, Novillo y Giovanniello recordaron que, desde 1995, fue implementado un Programa Médico Obligatorio (PMO). “Este expresa el piso de prestaciones que puede exigir cualquier ciudadano de la Nación a cualquier obra social ubicada en cualquier jurisdicción del país”, manifestaron.
Por vía analógica, los camaristas concluyeron que el PMO determina el piso de prestaciones mínimas que, en este caso el Subsidio de Salud (obra social del IPSS), no puede soslayar en la definición local del derecho de salud. Como el PMO establece que, en materia de medicamentos vinculados a cardioterapias la cobertura debe ascender al 70% del costo total, en ese porcentaje fue cifrada la obligación del IPSS respecto de Prado, en tanto afiliado.
El problema estaba en quién debía correr con el remanente del 10% de la medicación total demanda por el enfermo. Los camaristas tenían como referencia cuatro sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, según las cuales los jueces deben “abordar el modo de hacer efectiva la obligación provincial de garantizar la salud de manera integral y no parcializada”.
Los vocales determinaron entonces la segunda relación, que emerge frente a la responsabilidad de asistencia social a personas carentes de recursos económicos e impedidas de obtenerlos. “Sin perjuicio del nivel de cobertura mínima de obra social, a la que se encuentra obligado el IPSS, el Estado provincial está obligado en medida complementaria suficiente a honrar la promesa constitucional de darle verdaderamente sentido de ‘bien social básico’ al medicamento y de garantizar su ‘accesibilidad’ al demandante, en razón de la situación de impotencia económica y de enfermedad que padece”. Esto subrayaron al fijar que el 10% restante debía correr por cuenta del Estado.