De la crisis de los viejos partidos

Desde la restauración institucional no transcurrió un solo período parlamentario en el que no tuvieran entrada en el Congreso proyectos sobre reforma política destinados a modernizar el sistema representativo.
Quienes los propusieron fueron el Poder Ejecutivo, instituciones no gubernamentales, así como numerosos legisladores, pero la gran mayoría de esas iniciativas no merecieron atención y -de las que llegaron a plenarios de ambas cámaras- no prosperó ninguna que modificase el cerrado modelo partidario que perdura y aleja del ejercicio de la representación ciudadana a los más calificados de sucesivas generaciones.
Entre 1993 y 1998, el Poder Ejecutivo Nacional remitió alrededor de cincuenta mensajes con proyectos innovadores, mas ni el propio oficialismo contribuyó a impulsarlos, dejando intacto al viejo sistema, con excepción de algunas decisiones aleatorias. Por su parte, el actual gobierno de transición promovió medidas sobre el financiamiento partidario, que actualmente no se cumplen con transparencia, así como el establecimiento de internas abiertas y simultáneas para la elección de candidatos a Presidente y vice de la República, pero que -a pesar de su sanción- el oficialismo está tratando de impedir en su partido.
La reforma política legal quedó así una vez más pospuesta por la deliberada omisión de quienes deben sancionarla, -fundamentalmente las mayorías de los partidos tradicionales- y el descrédito consiguiente de las dirigencias políticas entre la sociedad se ha elevado al punto de insinuarse una reforma de hecho, advertida en la acción plural de la ciudadanía, que ha desalojado de las calles y plazas del país a los responsables de la decadencia del sistema representativo.
Un análisis histórico de la realidad nacional desde la restauración democrática, hace dos décadas, evidencia que el anquilosamiento del régimen representativo ha sido preexistente a la crisis global que configura la presente decadencia.
La relación entre ambos términos es de tal condición que la gravedad del colapso económico y social, y la incapacidad de los partidos del viejo régimen para resolverlo, ha terminado provocando la crisis de sus propias estructuras y programas ideológicos.
La reciente elección interna de la Unión Cívica Radical ha dejado al desnudo que también quienes no emigraron precedentemente del partido con Elisa Carrió, Ricardo López Murphy o Melchor Posse, han perdido el centenario espíritu de unidad programática que permitió a la agrupación nacional más tradicional enfrentar con éxito otras severas adversidades.
No es menor la crisis que castiga a la unidad del Partido Justicialista, que si bien no parece afectar hasta el momento sus bases tradicionales, ha fragmentado extremadamente su sistema de ideas dando lugar a oposiciones internas que recorren casi todo el espectro ideológico, desde el liberalismo hasta el intervencionismo estatal, sin los sólidos liderazgos tradicionales.
El interrogante en este caso no consiste en si el mayor partido, de acuerdo con sus padrones, llegará a dividirse formalmente, sino en determinar si su gran fragmentación, instigada desde el propio gobierno de transición, dará lugar a una dura oposición al que lo suceda de la misma sigla partidaria.
Por el momento no se advierte la presencia de una personalidad o grupo mediador suficientes para despejar esa incógnita. Entretanto, las acciones ciudadanas transcurren por múltiples cauces, desde la protesta fundada en legítimas demandas, hasta las persistentes muestras positivas de una economía cercada por la incertidumbre política y que ha podido superar al filo del nuevo año los más oscuros pronósticos.
La sociedad argentina no sólo ha soportado y soporta sacrificios morales y materiales, sino que ha sido capaz a la vez de generar sin resignarse alternativas de superación, mientras quienes aspiran a gobernarla siguen actuando lejos de sus esperanzas de bienestar con libertad.