La cuestión electoral se empantanó en la Argentina. Eduardo Duhalde embarulló otra vez el desemboque del gobierno de transición instalado tras el derrumbe de Adolfo Rodríguez Saá, el mismo que ahora quiere volver a la Casa Rosada de la mano de la ciudadanía.
Todo es materia de conjetura y de análisis de encuestas en las esferas duhaldistas. La decisión es simple. El Presidente, en realidad, no quiere ser borrado del esquema de poder que lo sucederá. Carlos Menem es su enemigo máximo. Para eso, sólo tiene dos posibilidades: a) ser él el candidato por el PJ; b) erigirse en el gran elector en la designación del postulante por el peronismo.
El ultraduhaldista José María Díaz Bancalari es el vocero más jerarquizado del primer plan.
Desde ese escenario se explica que Duhalde haya hablado de la conveniencia de suspender las elecciones internas del 23 de febrero de 2003. La enérgica réplica menemista hace pie en el temor que siente aquel porque el ex presidente gane los comicios internos.
El mensaje trasmitido por el jefe de Estado a los gobernadores, durante la comida del jueves, fue que si Menem gana la liza intestina, el PJ puede perder el gobierno. La conclusión de ese razonamiento plantea que el sentir antimenemista prevalecerá sobre los apoyos en la elección presidencial.
El consejo que se escuchó en Olivos fue que se frene todo proceso electoral interno."No hay que perder en la Nación", sostienen en el entorno duhaldista. Julio Miranda obedeció y paró los planes de convocatoria en el orden distrital. El gobernador terminó 2002 jadeando y cada vez más dependiente de los favores presidenciales.
La furia de los menemistas resultó incontenible. "Es el único gobierno peronista que no salió electo en las urnas y que quiere perpetuarse a toda costa", braman. Desde ese lado del PJ se rechaza la solución Romero, que consiste en habilitar varios candidatos presidenciales con la sigla partidaria.
Mientras el partido oficialista discute, la Nación ha quedado entrampada. El final de la transición duhaldista se mantiene difuso y la credibilidad en las instituciones se erosiona.
Intereses coincidentes
El combate preelectoral se polarizó en forma impensada. La palabra del arzobispo Luis Villalba instando a cumplir la Constitución del 90, llevó ínsita la defensa del juramento de fe confesional por parte del gobernador.
Se generó una polémica sin cuartel, cuyo término es imprevisible. La nacionalización del debate sorprendió a más de un protagonista del encendido intercambio de ideas. Enemigos de la reforma constitucional de la primera hora, como el bussista Julio César Alvarez Suriani -albacea de la Convención del 90- y reformistas convencidos -es el caso, por ejemplo, del mirandista Enrique Romero-, coincidieron en el sostenimiento de la cláusula de la jura confesional. Las diferentes pertenencias partidarias no impidieron las convergencias en el terreno de las opiniones.
José Alperovich es el damnificado por la vigencia de aquella disposición constitucional. El senador -que reconoció su vocación de reemplazar a Miranda- acudirá a la Justicia para que se declare inconstitucional el requisito. La Constitución de 1994 y el Pacto de San José de Rica son las bases jurídicas del planteo que se preparó consultando a especialistas.
El diseño institucional debe amoldarse a una sociedad mucho más plural que la que había en 1907, que es la referencia más inmediata recogida por la Carta del 90. La cuestión a resolver no es de naturaleza religiosa, sino jurídica. Se trata de ampliar el derecho a la participación política sin restricciones de ninguna especie, entre ellas las de credo religioso. El voto del ciudadano es, en definitiva, el que acepta o rechaza postulantes a la gobernación en una sociedad irrestrictamente democrática.
Sin embargo, el mayor problema que afrontará el candidato Alperovich se desplegará en el ámbito judicial, durante el primer trimestre de 2003.
El juez de instrucción Víctor Pérez deberá resolver el pedido de investigación jurisdiccional que tramitó el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, por el destino de fondos asignados a la escuela Guillermo Griet. Los casos de Dinar y de Ciccone están también en la órbita de la Fiscalía Anticorrupción. La política y la justicia chocarán otra vez.
La mano radical
El mirandismo respira tranquilo. Usó de un proyecto de ley elaborado por los radicales, para dar inamovilidad a los actuales jueces del Tribunal de Cuentas, que no sobresalieron por su espíritu crítico con las andanzas de la Casa de Gobierno.
De los acuerdos del Pacto del Parque en 1999 surgieron los nombres de Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaiben Terraf. Los dos primeros reconocen conexiones claras con el peronismo, mientras Terraf está vinculado con la UCR.
El plan radical, que alentó hábilmente Sisto Terán, puso en crisis al espacio de la Interbloques y a la propia alianza electoral con otros partidos para 2003. La preservación de la cuota de poder en el Tribunal de Cuentas le resultará onerosa a la UCR.
La Cámara que el viernes modificó la Ley de Administración Financiera borró lo que había votado en noviembre de 1999. Hace tres años legalizó la separación de los jueces del Tribunal de Cuentas, que habían puesto en jaque al gobierno de Antonio Bussi. La continuidad de estos significaría que Miranda podría enfrentar iguales problemas. No quiso correr riesgos y consiguió que la Cámara le diera la facultad de nombrar a quienes lo controlarían. Los vocales Terraf, Domingo de Prada y Díaz Ricci ingresaron por esa vía, con cuatro años de mandato. Se irían con Miranda en 2003.
Por ese entonces, Rubén Chebaia (UCR) advirtió que los jueces removidos iban a enjuiciar al Estado y que el Tribunal de Cuentas perdía independencia. Sus dos predicciones se cumplieron. Sin embargo, la Legislatura retrocedió sobre lo andado. Ahora, los jueces del organismo de control rebasarán el mandato de Miranda y le ahorrarán el costo político de pedir la ratificación de Terraf, Díaz Ricci y Domingo de Prada. Los amigos le guardarán las espaldas al gobernador.
Chebaia también viró de posición, ya que hizo todo lo contrario de lo que cuestionó en 1999. La disidencia peronista (Julio Díaz Lozano y Osvaldo Cirnigliaro) marcó las diferencias. Terán terminó contento el año.
