Por distintas razones, entre las que se encuentran la falta de controles, el acceso a una tecnología relativamente barata y la crisis económica, la edición y venta de grabaciones pirata ha alcanzado proporciones preocupantes en Tucumán. El 24 pasado, en la peatonal Muñecas, funcionaron sin ningún tipo de problemas al menos 11 mesas de venta de discos pirata en una sola cuadra. Fuentes confiables estiman que el volumen de venta en la capital de la provincia ronda los 1.000 discos diarios.
De acuerdo con la Ley de propiedad intelectual, los delitos de acción pública -como el caso de la piratería discográfica, reprimido por los artículos 72 y 72 bis de la ley 11.723-, cuando son cometidos en la vía pública, deben ser reprimidos de oficio por la autoridad policial con jurisdicción en el lugar.
La venta de grabaciones pirata afecta directamente a las compañías discográficas, pero también al erario, a los intérpretes, autores, compositores, comercios de venta de discos y a miles de trabajadores vinculados al sector.
Las disquerías tucumanas pagan altos alquileres por locales en pleno centro, tienen empleados a sueldo y con cargas sociales, deben pagar impuestos e invertir en mercadería, infraestructura y publicidad, entre otros rubros. Resulta evidente que sus precios de venta no pueden competir con los de los vendedores "truchos".
Además de los problemas señalados, que se generan directamente, una consecuencia a largo plazo y de suma gravedad sería el retiro de las compañías discográficas internacionales de nuestra plaza. Inmediatamente, una gran cantidad de artistas nacionales como Diego Torres, "Los Nocheros", "La Mosca" y muchos otros, verían sumamente complicadas las posibilidades de acceder a la grabación y a la distribución de su trabajo. Además, con el retiro de las compañías quedarían cientos de personas sin trabajo, ya que para grabar un disco se requiere de muchísima gente: sonidistas, gráficos para el arte, compositores, arregladores, técnicos y estudios de grabación, y una inversión de marketing para que el producto se conozca.
De acuerdo con la Ley de propiedad intelectual, los delitos de acción pública -como el caso de la piratería discográfica, reprimido por los artículos 72 y 72 bis de la ley 11.723-, cuando son cometidos en la vía pública, deben ser reprimidos de oficio por la autoridad policial con jurisdicción en el lugar.
La venta de grabaciones pirata afecta directamente a las compañías discográficas, pero también al erario, a los intérpretes, autores, compositores, comercios de venta de discos y a miles de trabajadores vinculados al sector.
Las disquerías tucumanas pagan altos alquileres por locales en pleno centro, tienen empleados a sueldo y con cargas sociales, deben pagar impuestos e invertir en mercadería, infraestructura y publicidad, entre otros rubros. Resulta evidente que sus precios de venta no pueden competir con los de los vendedores "truchos".
Además de los problemas señalados, que se generan directamente, una consecuencia a largo plazo y de suma gravedad sería el retiro de las compañías discográficas internacionales de nuestra plaza. Inmediatamente, una gran cantidad de artistas nacionales como Diego Torres, "Los Nocheros", "La Mosca" y muchos otros, verían sumamente complicadas las posibilidades de acceder a la grabación y a la distribución de su trabajo. Además, con el retiro de las compañías quedarían cientos de personas sin trabajo, ya que para grabar un disco se requiere de muchísima gente: sonidistas, gráficos para el arte, compositores, arregladores, técnicos y estudios de grabación, y una inversión de marketing para que el producto se conozca.







