La perdurable crisis ética

Entre las duras lecciones que la crisis está dejando para el futuro, la más atendible, sin duda, es que no hay progreso con justo bienestar fuera del orden constitucional. Sin embargo, con una perspectiva política acuciante como la planteada el 20 de diciembre de 2001, desde el poder del Estado se llegó a sostener que la violación de legítimos derechos era una decisión ineludible y que la declaración de emergencia mediante una ley del Congreso -no cuestionada por el Poder Judicial- ha sido un recurso legítimo, a pesar de vulnerar la seguridad jurídica.
La circunstancia no es inédita, pero su diferencia con las múltiples ocasiones en las que durante más de medio siglo la Ley Suprema y el orden establecido por ella corrieron parecida suerte, ha sido la magnitud del daño político, social y económico que ha sumido al país en una decadencia sin precedentes.
Pero esa cruda realidad de los derechos públicos y privados violentados en razón de un estado de necesidad como el presente, no es el fruto de un azar histórico, sino la consecuencia de comportamientos políticos sucesivos, hasta configurar un modelo perverso que no ha podido ser desterrado desde hace décadas.
Ese modelo ha generado un estilo político, consecuente con su naturaleza, caracterizado por el uso abusivo del poder y alejado de la ética del buen gobierno. Poco tiene que ver en ello la invocada emergencia planteada por el estado de necesidad, pues responde mejor a resabios caudillescos, mal llamados liderazgos, que a una saludable vocación republicana.
Ejemplo reciente ha sido la nominación por el presidente Eduardo Duhalde como nuevo ministro de la Corte Suprema de la Nación, de su fiel correligionario y presidente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda, cuya personalidad académica no está en discusión, pero no alcanza a disimular la fuerte relación política que éticamente lo inhabilita.
Podrá decirse, en consecuencia, que la reprobable mayoría automática que el propio jefe del Gobierno reprocha a su antecesor, y también correligionario, ha inspirado la designación. Del mismo estilo forman parte hechos como la desembozada campaña de un conspicuo diputado oficialista que, tras haber sido ministro durante la gobernación duhaldista de Buenos Aires -José María Díaz Bancalari-, está empeñado en promover la candidatura presidencial del doctor Duhalde quien, como es notorio, renunció a ella ante el Congreso y se comprometió mediante una resolución de Estado a abandonar la actividad pública. Amén de las graves faltas éticas que esas y otras decisiones y actitudes consentidas representan para la ciudadanía y para quienes observan con fundado interés desde el exterior la evolución de los acontecimientos en la Argentina, debe señalarse la inoportunidad de las mismas.
Es decir, sus coincidencias en el tiempo con situaciones a la espera de definición y que son en buena medida perturbadas por ellas, como la definición de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o el fallo de la Corte Suprema sobre la redolarización de los depósitos pesificados. Ambos casos son demostrativos de una escasa capacidad para advertir la fuerte gravitación que las decisiones políticas pueden tener sobre los problemas y necesidades que el país enfrenta.
Y lo más grave es la vinculación de las mismas al manejo desembozado con que desde el máximo poder político de la Nación se pretende controlar el desenlace electoral, contrariando los fines de un proceso imparcial de transición.
Ese estilo fuertemente partidocrático que preside el dudoso calendario de las urnas ha privado al gobierno duhaldista de la indispensable relación con las expresiones políticas más diversas y hasta de su propio partido, amenazando gravemente la confianza ciudadana en el desenlace superador de la crisis.